El Congreso examina este martes la nueva cúpula de la CNMC, y la escena tiene más electricidad política de la que parece. No hablamos de un nombramiento cualquiera: hablamos del organismo que vigila la competencia, mira de reojo a bancos, energéticas, telecos y plataformas digitales, y decide si el mercado funciona o si alguien está jugando con ventaja.
La Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital escucha a cuatro nombres propuestos por el Gobierno: Juan José Ganuza Fernández para presidir la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, y María Carmen Balsa Pascual, Joan Capdevila i Esteve y Marina Echebarría Saénz como consejeros. Después debe emitir dictamen sobre idoneidad y posibles conflictos de intereses. Si hubiera vetos, la comisión puede rechazar un nombramiento por mayoría absoluta, según recuerda el propio Congreso.
El trámite suena limpio: comparecencia, preguntas, dictamen y adelante. Pero la política rara vez es tan aséptica. Europa Press recoge que el PP protestó por la falta de diálogo del Gobierno en la renovación y citó al vicesecretario Alberto Nadal, que acusó al Ejecutivo de haber anunciado los nombres “sin ningún tipo de diálogo”. Esa es la grieta real: si un regulador independiente acaba pareciendo un tablero de cuotas, el daño no lo paga el Gobierno de turno. Lo paga la credibilidad del árbitro.
Un árbitro económico no puede oler a reparto
Ganuza llega con un perfil académico fuerte. El País lo presenta como catedrático de Economía y Empresa en la Universitat Pompeu Fabra, licenciado en Ciencias Físicas y doctor en Economía. Es decir: no estamos ante un nombre improvisado ni ante un simple comisario político. Tiene trayectoria en regulación y competencia. Precisamente por eso el examen parlamentario importa: porque la solvencia técnica no debería tapar la pregunta institucional de fondo.
La CNMC no decide asuntos menores. Tiene encima carpetas sensibles: energía, mercados regulados, banca, competencia digital y expedientes que afectan a empresas enormes. Cuando el ciudadano oye “competencia” puede pensar en papeles lejanos. En realidad hablamos de recibos, comisiones, precios, ofertas, redes y condiciones de mercado que terminan tocando el bolsillo. Si el árbitro se percibe débil, capturado o dependiente, gana quien ya tiene poder y pierde quien necesita reglas claras.
Desde una mirada liberal y exigente con las instituciones, el Gobierno se equivoca si cree que basta con presentar currículos brillantes. La independencia también se demuestra con método: diálogo parlamentario, comparecencias útiles, preguntas duras, transparencia sobre conflictos y cero tentación de convertir los organismos reguladores en prolongaciones discretas del Consejo de Ministros.
La independencia no se declama, se diseña
El Congreso tiene una oportunidad sencilla: no tratar la sesión como una ceremonia de validación automática. Preguntar no es bloquear. Fiscalizar no es embarrar. Un regulador económico serio necesita candidatos capaces de responder sobre competencia bancaria, energía, mercados digitales y puertas giratorias sin esconderse detrás de frases de manual.
También la oposición debe jugar limpio. Si el PP denuncia falta de diálogo, tendrá que distinguir entre crítica institucional y pataleta por no controlar una silla. España no necesita cambiar el color de las cuotas; necesita reducir la lógica de cuota. Que el Gobierno tenga la potestad de proponer no significa que pueda actuar como si la CNMC fuera una dirección general más. Y que la oposición no tenga mayoría no le da derecho a convertir cada nombramiento en sospecha automática.
La cuestión de fondo es muy simple: ¿queremos reguladores que den miedo a los poderosos o reguladores que deban favores a quienes los nombran? La respuesta no cabe en un comunicado. Se verá cuando lleguen los expedientes incómodos, cuando haya que molestar a una gran empresa y cuando el Gobierno preferiría una CNMC dócil antes que una CNMC útil.
Por eso esta renovación merece más atención que la habitual. No es un baile de nombres para especialistas. Es una prueba de madurez institucional. Si el Congreso la convierte en trámite, habrá perdido una ocasión. Si la convierte en control real, el mercado —y el ciudadano que lo sufre cada mes— saldrá ganando.