Ada Colau no ha ido a Málaga a hacer amigos entre los fondos de inversión. La exalcaldesa de Barcelona, ahora en las listas del Frente Amplio, presentó ayer la medida con la que quiere marcar la campaña del 29-N: una Ley de Expropiación de Viviendas a Propietarios Corporativos Privados. Dicho en cristiano: quitarles los pisos a quienes los acumulan por miles para hacer caja.
Que quede claro desde el principio, porque aquí no vendemos humo: esto todavía no es ley, es una propuesta electoral. Es la apuesta estrella que el Frente Amplio llevará a las urnas el 29 de noviembre. Si no gobiernan, se queda en papel. Si gobiernan, habría que redactarla, tramitarla, debatirla y pelearla. Pero la foto de ayer sirve para entender por dónde quieren ir.
Tres fases: primero los tiburones, luego los peces medianos
La propuesta se desplegaría en tres escalones, de más grande a más pequeño. Fase uno: los gigantes, fondos y empresas con más de 1.000 viviendas en cartera. Aquí Colau puso nombre y apellidos al umbral, citando a Blackstone o CaixaBank como ejemplo del tipo de propietario que entraría en el primer corte. Fase dos: los que superan las 700 viviendas. Y fase tres: a partir de 50 viviendas.
Ahora bien, atención al detalle que lo cambia todo: solo entran propietarios corporativos. Ni tu vecina con el piso heredado, ni la familia que alquila el bajo para llegar a fin de mes. Hablamos de empresas y fondos, no de personas de carne y hueso con una o dos viviendas. La propia Colau lo resumió a su manera: van «a por los ultrarricos y los especuladores», no a por el ciudadano de a pie.
Expropiar por debajo del mercado
¿Y a cambio de qué? La idea es expropiar a precios inferiores a los del mercado y destinar esas viviendas a un acceso asequible. O sea, sacarlas del circuito especulativo y meterlas en el de la gente que no puede pagar lo que piden hoy por un cuchitril. «No vamos a ser tibios», avisó Colau, muy consciente de que la palabra «expropiación» le pone de los nervios a más de uno.
La frase que resume el discurso es de las que se quedan: los fondos, dijo, compran vivienda «a granel, como quien compra manzanas», y luego la revenden o la alquilan a precios abusivos. La comparación es de andar por casa, pero da en el clavo: cuando un piso se trata como una caja de fruta, el que se queda sin manzanas eres tú.
Y la Sareb, de propina
La otra pata de la propuesta apunta directa a la Sareb, el llamado «banco malo». El Frente Amplio plantea adscribir al parque público de vivienda las fincas urbanas y los suelos residenciales que siguen en manos de esa entidad. El argumento tiene su guasa y su lógica: la Sareb nació del rescate a la banca, es decir, con dinero de todos. Si ya pagamos la fiesta, lo mínimo sería que esos pisos y esos suelos sirvieran para algo más que engordar un balance.
Recado al PSOE y referéndum encubierto
El acto no fue neutral ni en el fondo ni en la forma. Colau lo celebró junto a un bloque de pisos comprado por un fondo israelí, una postal buscada para ilustrar quién manda hoy en el ladrillo. La acompañaron Rafael Borrego y Toni Valero (IU).
Y hubo recado para el socio incómodo. Colau cargó contra un PSOE al que acusa de tibio y demasiado «sensible» a los intereses del sector inmobiliario. La traducción política es sencilla: el Frente Amplio quiere marcar perfil propio y presentarse como el que de verdad se atreve a tocar las rentas del ladrillo, mientras deja a los socialistas en el papel de los que prometen mucho y aprietan poco.
Por eso Colau lo envolvió todo en un marco de campaña de manual: el 29-N como un referéndum por el derecho a la vivienda. O tú, o los fondos. En medio, poco sitio para los matices.
Entonces, ¿esto va a pasar?
Freno de mano. Lo repetimos porque conviene no liarse: es una propuesta, no una norma en vigor. Hoy no existe ninguna ley que permita quitarle pisos a Blackstone por tener más de 1.000. Lo que hay es un programa, un acto de campaña y una batalla de relato de aquí al 29 de noviembre. Habrá quien jure que es inviable y quien defienda que es «perfectamente viable». Lo que no se le puede negar a Colau es que ha vuelto a poner la vivienda en el centro del debate, que falta hacía. Lo demás, lo dirán las urnas.