La vivienda ha vuelto a hacer lo que casi siempre consigue cuando deja de ser una estadística: poner nervioso al poder. El desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años del barrio madrileño de Retiro, no ha sido solo una escena dura en la puerta de una casa. Ha sido el espejo más incómodo para un Gobierno que se llama progresista y que, en este asunto, sigue llegando tarde.
Ada Colau lo ha dicho sin envolverlo en celofán: si el PSOE no está dispuesto a defender de verdad el derecho a la vivienda, Sumar debería romper con él. No es una frase menor. No viene de una tertulia cualquiera. Viene de una dirigente de Comuns que habla al mismo espacio político que hoy se sienta en el Consejo de Ministros.
Su acusación es directa: los socialistas bloquean desde hace meses medidas para frenar a fondos y grandes propietarios. Y la coalición, según Colau, no puede limitarse a mirar cómo se ejecutan desahucios mientras promete soluciones para el siguiente Consejo de Ministros. Dicho en corto: si estar dentro no sirve para evitar esto, ¿para qué sirve estar dentro?
Sumar ha intentado recoger el golpe. Ernest Urtasun ha exigido al PSOE que lleve el macrodecreto de vivienda al Consejo de Ministros del 29 de septiembre y que meta dentro la moratoria antidesahucios. También ha pedido que el texto llegue al Congreso y que los grupos parlamentarios se retraten. La presión es evidente: el socio pequeño ya no puede vender paciencia cuando la calle ve una comitiva judicial.
El caso de Maricarmen concentra varias capas de la pelea. Según la información publicada por Público, el Ministerio de Vivienda se puso en contacto con la empresa propietaria, Urbagestión, para adquirir el inmueble o compensar rentas, y la empresa rechazó esas vías. Urtasun ha hablado de estudiar todas las opciones legales, incluso la expropiación. La palabra asusta a la derecha, incomoda al PSOE y entusiasma a una parte de la izquierda que lleva años diciendo que sin tocar la propiedad especulativa no hay política de vivienda seria.
La pregunta política es sencilla: ¿qué vale más, la estabilidad del Gobierno o la promesa social que lo sostiene? Porque el problema para Sumar no es solo el desahucio de una vecina. Es la sensación de que la legislatura se puede convertir en una cadena de símbolos derrotados: alquileres imposibles, contratos prorrogados tarde, fondos con capacidad de esperar y ministros explicando que hacen lo que pueden.
La derecha aprovecha cada grieta para presentar al Gobierno como un bloque agotado. Pero la izquierda tiene un problema más profundo: cuando promete proteger a los vulnerables y después no lo consigue, no pierde solo una votación; pierde autoridad moral. Y eso no se recupera con un comunicado.
Hay también un riesgo de trampa. No todo puede resolverse desde un vídeo de urgencia ni desde una frase de ruptura. La moratoria antidesahucios necesita encaje legal, votos suficientes y capacidad administrativa. Pero esa prudencia técnica no puede servir de escondite permanente. Si el Gobierno sabía que el decreto debía estar listo antes del verano, y si Sumar afirma que quería la moratoria ya en julio, entonces el retraso tiene responsables políticos.
La vivienda se ha convertido en la frontera real del progresismo español. No porque sea el único problema, sino porque es el que se mide cada mes en la cuenta del banco y cada día en la puerta de casa. Quien no pueda intervenir ahí, difícilmente podrá convencer a nadie de que está cambiando el país.
Colau ha puesto a Sumar ante una decisión incómoda: apretar hasta el final o asumir que su presencia en el Gobierno es más decorativa que transformadora. El PSOE, por su parte, tendrá que elegir si quiere llegar al Consejo de Ministros con un decreto que parezca una respuesta o con otro aplazamiento vestido de prudencia.
La escena de Retiro deja una lección amarga. La política de vivienda no se evalúa por el número de ruedas de prensa, sino por cuántas puertas evita que se cierren para siempre. Y esta vez, la puerta se cerró.