Hay planes que nacen con foto, titular y buenas intenciones, y luego se quedan durmiendo en un cajón. El I Plan de Parlamento Abierto del Congreso amenaza con engrosar esa lista. Según publica este 1 de julio El Confidencial, la Cámara baja mantiene sin implementar el 65% de las medidas del eje de transparencia y acceso a la información, el corazón de cualquier promesa seria de apertura institucional.
Traducido a román paladino: dos de cada tres compromisos en materia de transparencia siguen pendientes cuando al plan apenas le queda un año de vida. El documento fue aprobado por la Mesa del Congreso, que preside Francina Armengol, el 18 de marzo de 2025, y se estructura en cuatro ejes. El de transparencia y acceso a la información contiene 17 medidas. De ellas, según el balance que cita el diario, solo 6 están finalizadas. Las otras 11 andan a medio gas: una muy avanzada, seis con avances parciales, tres en fase de estudio preliminar y una que ni siquiera ha arrancado.
La medida que ni siquiera ha empezado
Y no es un asunto menor el que sigue en blanco. La medida no iniciada es, precisamente, la mejora de la información pública sobre los propios representantes: sus fichas, su actividad, su trayectoria y sus posicionamientos. Es decir, lo que cualquier ciudadano esperaría poder consultar en dos clics para saber qué hace, cómo vota y de dónde viene el diputado al que le ha dado su confianza. La casa de la soberanía nacional todavía no ha puesto en marcha lo más elemental: contarnos con claridad quiénes son y qué hacen quienes se sientan en el hemiciclo.
Conviene ser justos, que aquí no se trata de despachar el trabajo ajeno de un plumazo. En el conjunto del plan hay 32 medidas, de las cuales 11 están cumplidas y otras seis muy avanzadas a falta de un año. No es un fracaso total ni un cajón cerrado con llave. Pero que el capítulo que peor avanza sea justo el de la transparencia dice bastante sobre las prioridades reales de una institución que presume de abrirse a la ciudadanía.
Las agendas que nadie enseña
El diario apunta además un déficit que sigue sin resolverse y que tiene su miga: la obligación de dar a conocer las agendas y las reuniones con lobbies y empresas, recogida en el Código de Conducta de las Cortes. No hablamos de todos, ojo, ni conviene meter a nadie en el mismo saco: según El Confidencial, son dos de cada tres diputados y senadores los que no publican esa información. Pero el dato, tal y como lo cuenta el medio, resulta incómodo para una Cámara que aprobó ese código precisamente para que se sepa quién le susurra qué al oído a nuestros representantes.
Aquí toca la opinión, y la firmamos como tal. La transparencia no es un adorno ni un folleto para quedar bien en un acto institucional: es la herramienta más básica que tiene un ciudadano para controlar a quien manda. Cuando un Parlamento tarda en enseñar las fichas de sus propios diputados o en publicar con quién se reúnen, no comete delito alguno —cuidado con las palabras—, pero sí elige, consciente o no, quedarse un rato más en la penumbra. Y en democracia la penumbra siempre juega a favor del que gobierna, nunca del que fiscaliza.
Queda un año para que el plan expire en 2027. Tiempo hay para rematar las once medidas pendientes y, sobre todo, para empezar la que ni ha nacido. La pregunta es si existe la voluntad política de hacerlo o si, como tantas otras veces, el Parlamento Abierto terminará siendo una etiqueta bonita pegada a un cajón que se cierra despacito. Ojalá nos equivoquemos. El calendario, de momento, corre en contra.