En el Consejo de Política Fiscal y Financiera de este viernes ha pasado algo muy español: casi nadie quiere el papel de Hacienda, casi todos van a la reunión a decir que no… y el Gobierno igual puede sacarlo. No porque convenza. Porque el reglamento le deja hacerlo con el ministerio y una comunidad a favor.
El recuento que ha trascendido es demoledor para el relato de “consenso territorial”: trece de las quince comunidades de régimen común rechazan la reforma tal como está. Solo Cataluña y Canarias se sitúan con el Ejecutivo. Madrid, directamente, no se ha sentado.
El empty chair de Ayuso no es un capricho de tertulia
Isabel Díaz Ayuso ha dejado sola a la Comunidad de Madrid en el boicot. El resto del PP ha preferido acudir y votar en contra desde dentro. Se puede criticar la táctica —dividir el ruido ayuda al Gobierno a decir “miren, solo falta Madrid”—, pero el fondo del argumento madrileño no es menor.
La consejera Rocío Albert lo ha dicho sin anestesia: según el Gobierno regional, lo que se votaba era “el pacto entre Sánchez y Junqueras”, cerrado a espaldas del resto, sin que ninguna comunidad pudiera “tocar una coma del modelo”. Si eso es verdad a medias o del todo, el problema político ya está servido: una reforma de caja común no puede nacer como anexo de una negociación con ERC.
Albert añade otra acusación concreta: que solo el voto de Cataluña le bastaría al ministro para imponer un sistema que, a su juicio, “atenta contra la igualdad” y beneficia a quienes lo han diseñado. En un país con 17 tesorerías mirándose de reojo, esa frase no es adorno. Es el núcleo del conflicto.
Cuando hasta el PSOE territorial se indigna
No es solo el PP. Castilla-La Mancha ha pedido retirar el documento. Su consejero habla de atentado a la igualdad constitucional. Cuando García-Page se desmarca, el Gobierno ya no puede despachar la bronca como “ruido de la derecha”.
Galicia ha ido a la reunión precisamente para intentar frenar la iniciativa y denunciar falta de voluntad negociadora. Es la oposición útil: estar, votar no y dejar acta. El contraste con Madrid es de método, no necesariamente de diagnóstico.
La trampa del quórum mínimo
Aquí está el truco institucional que enfurece a media España autonómica: el CPFF puede sacar adelante una propuesta con un apoyo numéricamente ridículo si Hacienda empuja y una comunidad acompaña. Cataluña y Canarias dan ese colchón. El resto puede gritar en el pasillo.
Eso no es multilateralismo. Es un simulacro de consejo donde el mapa se pinta con dos pinceles y el resto contempla. Da igual que el Excel canario mejore por separar el REF o que Barcelona venda “ventana de oportunidad”. Si trece gobiernos dicen que el reparto nace torcido, la reforma llega al BOE con el estigma del privilegio negociado.
El Gobierno puede insistir en que hay que modernizar el sistema —y es verdad que el modelo lleva demasiado tiempo zombi—. Pero modernizar no es sinónimo de imponer un diseño percibido como pago de investidura. Sin números abiertos, sin simulaciones compartidas y sin capacidad real de enmendar, lo que se aprueba no es un pacto de país: es un apunte contable de legislatura.
Ayuso se queda sola en la silla vacía. Sánchez puede quedarse solo en la legitimidad. Y el ciudadano, mientras tanto, solo ve lo de siempre: que en España la financiación autonómica no se reforma… se pelea.