Dos votos y un rodillo: el CPFF aprueba el modelo de financiación que huele a pacto ERC

El Consejo de Política Fiscal y Financiera ha aprobado un nuevo modelo de financiación autonómica con un apoyo autonómico casi testimonial: Cataluña y Canarias. El resto, con contadas ausencias y matices, ha dicho no. Hacienda, que controla la mitad de los votos del órgano, no necesitaba un consenso de país. Le bastaba quórum y dos síes. Y eso, en democracia territorial, no es un detalle técnico: es el método.

La cifra oficial son 20.975 millones adicionales. Suena a lluvia de dinero para sanidad y educación, y el ministro Arcadi España lo ha envuelto en la palabra “histórico”. También ha insistido en que el modelo es “común” y no un traje a la carta. El problema no es que las comunidades vayan a tocar más recursos en abstracto. El problema es de origen, de diseño y de legitimidad: el armazón nace del pacto PSC-ERC para investir a Illa, Cataluña participa en la arquitectura del sistema y los reportes sitúan el refuerzo catalán en el entorno de 4.700 millones al año. Cuando el 87% de las comunidades se opone, vender multilateralidad es un ejercicio de marketing institucional.

Carolina España, consejera andaluza y voz del bloque del PP, lo ha dicho sin anestesia: a su juicio el modelo rompe la igualdad entre españoles y sirve para pagar favores políticos a un Gobierno débil. Se puede discutir el tono. No se puede discutir el mapa de la votación. Andalucía, Comunidad Valenciana, Galicia, Aragón, Baleares, Extremadura, Castilla y León, Cantabria, Murcia, La Rioja, Ceuta y Melilla han votado en contra. También lo han hecho Castilla-La Mancha y Asturias, gobernadas por el PSOE. Cuando hasta socios socialistas territoriales se desmarcan, el relato de “todo el mundo gana” se agrieta solo.

Madrid no se sentó. Ayuso llamó al boicot y el resto del PP prefirió ir a votar que no. Hay dos lecturas legítimas y no hace falta mitificar ninguna: una, que la silla vacía denuncia un Consejo convertido en rodillo; otra, que el PP llega dividido en la forma aunque coincida en el fondo. Lo que no cambia es el resultado. Hacienda saca adelante la propuesta, anuncia voluntad de diálogo y empuja el calendario hacia el 1 de enero de 2027. Después vendrán Consejo de Ministros y Congreso. Ahí el Gobierno necesitará a la misma geometría que ya ha convertido la financiación en moneda de investidura: ERC, Junts y el resto de socios. Junts, de hecho, ya mira el cupo vasco como horizonte y considera insuficiente lo aprobado.

El detalle técnico también cuenta, y no siempre a favor del cuento tranquilizador. Sube la cesión de IRPF e IVA, se meten más figuras tributarias en el sistema y se abre un fondo paralelo para “lagunas” territoriales cuyo tamaño Hacienda no ha cerrado. La reforma se presenta además como voluntaria: solo se aplica a quien acuerde con el ministerio. En la práctica, eso puede fragmentar aún más el mapa y dejar un sistema de dos velocidades donde el Estado negocia bilaterales con sonrisa multilateral.

Hay una ironía amarga. El sistema de 2009 se aprobó sin votos en contra. Este, diecisiete años después, nace con casi todo el arco autonómico en contra y con la oposición denunciando un atajo de minoría. Más dinero no lava un déficit de consenso. Si el Congreso termina convirtiendo este texto en ley, el debate no debería ser si hay más millones en la Excel de Hacienda. Debería ser si España puede seguir financiando servicios esenciales con un modelo que una mayoría de territorios considera impuesto, sesgado y escrito primero en la mesa de un pacto de poder.