Hay días en los que la foto del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) dice más que el comunicado. Este viernes la foto era esta: trece de las quince comunidades de régimen común en contra de la propuesta de Hacienda para reformar la financiación autonómica… y, aun así, el papel del Gobierno con opciones reales de salir adelante.
No es magia. Es el reglamento. En ese órgano basta, en la práctica, con el respaldo del Ministerio y de una comunidad. Cataluña y Canarias se han alineado con el Ejecutivo. El resto, PP y también alguna plaza socialista, ha pedido retirar el documento.
La lectura fácil es “Madrid contra todos” o “Sánchez compra a Cataluña”. La lectura útil es otra: España lleva años con un sistema de financiación caducado, parcheado y discutido en privado, y cada intento de actualizarlo se convierte en un ring territorial antes de ser una política pública.
Qué se ha votado (y qué no)
Según el relato cruzado de Cadena SER y de las propias delegaciones autonómicas a la entrada del CPFF, el grueso de los gobiernos regionales rechaza el planteamiento de Hacienda porque entiende que genera desigualdades y porque las conversaciones se habrían apoyado demasiado en los acuerdos del Gobierno con Esquerra Republicana.
Castilla-La Mancha, gobernada por el PSOE, no se ha escondido: su consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha pedido la retirada del documento y ha hablado de un “atentado contra la igualdad” constitucional. Cuando un barón socialista se planta así, el problema ya no es solo de oposición.
Canarias, en cambio, avanza apoyo porque el diseño separa el REF (el régimen económico y fiscal canario) y proyecta una mejora de recursos. Cataluña defiende la reforma como ventana de oportunidad. Dos síes. Trece noes. Y un ministerio que puede sacar el texto igual.
Ayuso no fue. El resto del PP, sí
La Comunidad de Madrid, de Isabel Díaz Ayuso, ha sido la única ausente. Su consejera de Economía, Rocío Albert, lo ha justificado sin rodeos: según ella, lo único que se votaba era “el pacto entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el líder de ERC, Oriol Junqueras”, cerrado “a espaldas” del resto.
El matiz político del día es que el resto de comunidades del PP ha acudido. Galicia, por boca del consejero Miguel Corgos, lo ha explicado con una lógica de oposición interior: ir para intentar frenar la iniciativa desde dentro y señalar la falta de negociación real. Plantón simbólico de Madrid; rechazo documental del resto.
Eso deja a Ayuso con una victoria de relato —“yo no legitimó la mesa”— y con un coste evidente: se queda sola en el boicot mientras el PP territorial prefiere pelear el papel sobre la mesa.
El fondo, no solo el ruido
Se puede discutir con dureza el método. Se puede exigir números, simulaciones y criterios transparentes —Madrid dice haber pedido a Montero y a Arcadi España “todos los números y cálculos”—. Pero negar que el sistema necesita reforma es hacerse trampas al solitario: el modelo lleva demasiado tiempo en prórroga política.
El riesgo de este viernes no es solo que Hacienda gane una votación con poco aforo de síes. El riesgo es que una reforma necesaria nazca ya herida de legitimidad territorial, con barones socialistas en contra, con el PP dividido entre el empty chair y el voto no, y con la sospecha —justa o no— de que el mapa se dibujó primero en una negociación de investidura.
Si el Gobierno quiere vender igualdad y estabilidad, tendrá que hacer algo más difícil que sumar un voto autonómico: convencer a quienes hoy se sienten fuera de la foto de que el reparto no es un premio para quien sostiene la legislatura, sino una regla que se aguanta en Burgos, en Las Palmas y en Lleida.
Mientras tanto, el CPFF deja una verdad incómoda para todos los bandos: sin multilateralidad real, cada reforma suena a privilegio, aunque el Excel diga lo contrario. Y sin reforma, el privilegio silencioso es el del statu quo.