Hay trámites que el Congreso rubrica casi en piloto automático. La Declaración sobre la Cuenta General del Estado era uno de ellos: el Tribunal de Cuentas mira los libros, el Parlamento asiente y la legislatura sigue. Este jueves se rompió la costumbre. El Pleno ha rechazado por primera vez el dictamen sobre la Cuenta General de 2024, con los votos de PP, Vox, Junts y UPN. No es un gesto cosmétique. Es un portazo contable al Gobierno en el año en que el fiscalizador destapó el uso de casi 2.400 millones de fondos europeos sobrantes para pagar pensiones.
El dato que encendió la mecha lo puso el propio Tribunal de Cuentas: recursos sobrantes del Plan de Recuperación empleados en pensiones de clases pasivas y complementos a mínimos. La Comisión Europea, el Ejecutivo y la presidenta del órgano fiscalizador, Enriqueta Chicano, sostienen que la práctica no era ilegal y cabía en las reglas de los fondos. La oposición responde otra cosa: legal o no, es una contabilidad creativa que confunde estímulo europeo con gasto estructural y deja las cuentas del Estado hechas un puzzle.
Sin Presupuestos y con chequera abierta
PP y Vox no se limitaron al rechazo. En la Comisión Mixta Congreso-Senado impulsaron devolver la Declaración al Tribunal y pedir, en tres meses, un informe sobre las consecuencias de no tener proyecto de Presupuestos Generales en lo que va de legislatura. El argumentario suma ausencia de PGE, modificaciones presupuestarias a mansalva, “riesgos inherentes”, deterioro de las cuentas públicas y el voto particular de un consejero del Tribunal tras conocerse el desvío de fondos UE hacia pensiones.
Junts fue la llave. El diputado Josep Maria Cruset cargó contra una gestión que, dijo, lleva casi cuatro años sin presupuestos nuevos —los últimos, de noviembre de 2022— y habló de “irregularidades contables”: imputar pensiones de diciembre al ejercicio siguiente, dejar de reconocer obligaciones por más de 5.000 millones e inflar derechos por unos 13.900 millones. Añadió el clásico del agravio territorial —media ejecución de lo que tocaba a Cataluña y el doble a Madrid, según su relato— y cerró con la frase que importa en el hemiciclo: Junts no iba a “blanquear” al Gobierno votando a favor.
Control, no teatro
Gobernar sin presupuestos anuales convierte cada reasignación en un acto de fe. El Plan de Recuperación nació para transformar la economía, no para tapar agujeros de la nómina pública cuando falte holgura. Aunque Bruselas no vea ilegalidad, el Parlamento tiene derecho —y obligación— a marcar la raya cuando el Estado mezcla fondos extraordinarios con gasto recurrente. Si la oposición no lo hace aquí, el mensaje al contribuyente es simple: las reglas valen hasta que incomodan.
El rechazo aún debe pasar por el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta y el mismo sentido del voto es previsible. No tumba por sí solo la política de pensiones ni devuelve los 2.400 millones a un cajón europeo. Sí deja constancia institucional de que la Cuenta General de 2024 no merece el sello de normalidad. En un país que lleva legislatura sin PGE, eso no es ruido: es el mínimo de higiene democrática.
Quien defienda el Estado social de verdad debería querer cuentas claras, no contabilidad de trileros. Las pensiones se defienden con ingresos, reformas y presupuestos debatidos; no con el residual de un plan europeo cuando aprieta el mes. El Congreso, por fin, ha dicho que no todo vale en el libro mayor.