El último Pleno extraordinario del curso llega con una carpeta que mezcla guerra, gasolina, electricidad y mayoría parlamentaria. El Congreso debate este jueves la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 18/2026, aprobado el 29 de junio, con medidas dentro del Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio. No es una pieza menor: toca carburantes, fertilizantes, energía eléctrica, renovables y gasto público.
La Moncloa lo presenta como un paquete para seguir protegiendo a hogares y sectores expuestos a la crisis, al tiempo que empuja la electrificación de la economía. El BOE confirma que el decreto modifica el plan aprobado en marzo y añade nuevas medidas. La pregunta política es menos solemne y bastante más práctica: ¿cuánto cuesta, a quién ayuda de verdad y qué parte del decreto aprovecha la urgencia internacional para colar política energética ordinaria?
Ayudas que se retiran poco a poco
Según explicó el ministro Carlos Cuerpo, el decreto mantiene ayudas al sector primario y al transporte, pero adapta el apoyo a la gasolina y el gasóleo a la evolución de los precios. El descuento pasa de 20 céntimos por litro a 15 en julio, 10 en agosto y 5 en septiembre. Moncloa añade una cláusula de reactivación: si la inflación interanual de los carburantes supera el 15%, se volvería a una reducción de 20 céntimos.
La medida tiene lógica en una crisis de precios, pero también exige vigilancia. Una ayuda mal calibrada puede aliviar al ciudadano o acabar diluyéndose por el camino. Por eso importa que el propio decreto refuerce los mecanismos de control y permita a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia pedir información a mayoristas y minoristas. Si el Estado baja impuestos o subvenciona, alguien debe comprobar que el beneficio no se queda en la tubería.
El campo, los fertilizantes y la factura silenciosa
El decreto incorpora 165 millones de euros adicionales para fertilizantes, que se suman a los 500 millones ya movilizados en el primer real decreto-ley, según Moncloa. Es una cifra relevante porque el campo suele aparecer en la política cuando hay tractoradas, pero vive todos los días con costes de energía, abonos y transporte que cambian la cuenta antes de que el producto llegue al supermercado.
Aquí la lectura conservadora no debería caer en el reflejo fácil de negar cualquier intervención. Cuando una guerra o una crisis energética externa golpea cadenas básicas, el Estado tiene margen para amortiguar el impacto. Pero amortiguar no es lo mismo que abrir una manguera sin control. La buena política pública debe tener fecha, objetivo, auditoría y salida.
La energía estructural metida en un decreto urgente
La parte más política está en las medidas de fondo. El Gobierno plantea la eliminación progresiva del impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica: del 7% actual al 5% a finales de 2026, al 3,5% en 2027 y desaparición en 2028. La vicepresidenta Sara Aagesen defendió que contribuirá a abaratar la factura de hogares, sectores productivos e industria hasta en un 6%.
Si baja la factura, bienvenido sea. Pero el Congreso debería mirar dos veces todo lo que se mete bajo el paraguas de la urgencia. Una cosa es responder a Oriente Medio y otra convertir un decreto de crisis en un vehículo para rediseñar piezas estructurales del sistema energético sin el debate pausado que merecen. España necesita energía barata, segura y limpia; también necesita que las reglas no cambien a golpe de sobresalto.
Votar sí no puede ser firmar un cheque en blanco
El decreto llega al Pleno junto a otros asuntos de enorme carga política, desde la senda presupuestaria hasta la quita de deuda autonómica. Eso convierte la votación en otro test de la legislatura: el Gobierno pedirá responsabilidad; la oposición medirá el coste de dejar caer medidas con impacto económico; los socios decidirán si aprietan o sostienen.
Lo razonable sería separar el grano de la propaganda. España no controla la guerra en Oriente Medio, pero sí controla cómo gasta, cómo regula y cómo rinde cuentas. Un decreto puede ser necesario y, al mismo tiempo, merecer enmiendas, límites y control parlamentario serio. El patriotismo no consiste en aplaudir todo lo que llega con membrete de urgencia. Consiste en proteger a la gente sin convertir cada crisis en una coartada para gobernar por atajo.