La vivienda vuelve a ser el gran examen pendiente de la política española, y esta vez con fecha en el calendario. El Gobierno quiere llevar al Congreso en julio un nuevo decreto de vivienda, y la pregunta de fondo es la de siempre para quien paga un alquiler que no deja de subir: ¿va a servir esto para algo o se quedará atascado entre vetos? Este 30 de junio, la ministra Isabel Rodríguez pidió «generosidad» a los grupos parlamentarios para sacar el texto adelante, según informó Europa Press.

Rodríguez aseguró que su departamento y el Ejecutivo ya han completado la parte del trabajo que les correspondía, que el decreto está en tramitación interna y en negociación con los socios, y que el objetivo es evitar que acabe rechazado por culpa de los vetos cruzados. Dicho de otro modo: el Gobierno se quita la pelota de encima y la pone en el tejado del Congreso. Lo que venga a partir de ahora dependerá de la aritmética parlamentaria, ese deporte en el que las buenas intenciones suelen morir.

Qué promete poner sobre la mesa

El contenido concreto todavía no está cerrado —conviene no venderlo como hecho consumado—, pero ya hay pistas de por dónde irán los tiros. Desde Sumar, Enrique Santiago señaló que el paquete incluye una prórroga de los contratos de alquiler y medidas fiscales, entre ellas aplicar el IVA del 21% a los pisos turísticos, según Europa Press.

No es un detalle menor. La prórroga de contratos es, para quien vive de alquiler, la diferencia entre quedarse en casa o tener que hacer las maletas cuando al propietario le convenga. Y meter mano fiscal a los pisos turísticos apunta a uno de los grandes responsables de que en muchos barrios ya no haya pisos para vivir, sino para hacer fotos. Son medidas que tocan el bolsillo de quien especula y alivian, al menos sobre el papel, el de quien solo quiere un techo.

Los desahucios, la línea que Sumar no quiere cruzar

Hay un punto en el que el socio minoritario del Gobierno ha marcado terreno con claridad. Sumar considera importante reactivar la moratoria de desahucios para los colectivos vulnerables, esas familias que pierden la casa sin tener a dónde ir. Gerardo Pisarello fue tajante: no van a renunciar a esa moratoria, según Europa Press.

La frase tiene su miga. Significa que, dentro del propio bloque que sostiene al Ejecutivo, la protección frente a los desahucios se plantea como condición y no como concesión. Para quien lleva años escuchando promesas de vivienda que luego se evaporan, que alguien ponga la moratoria como línea roja es, como mínimo, una señal de que el asunto no se va a despachar con un titular y una palmadita en la espalda.

El verdadero obstáculo: que no lo tumben

Aquí está el quid. Sumar dejó claro que el decreto llegará al Congreso cuando estén atados los apoyos suficientes para aprobarlo, también según Europa Press. Es decir: nadie quiere arriesgarse a llevar una norma al hemiciclo para verla caer en la votación. Un decreto de vivienda rechazado sería un golpe difícil de explicar a la gente que más lo necesita.

Conviene ser claros con lo que hay y lo que no hay. El decreto no está aprobado ni convalidado. No hay apoyos cerrados, no hay cifras de hogares beneficiados sobre la mesa ni un articulado público que llevarse a la boca. Lo que hay es un Gobierno que dice haber hecho su parte, un socio que marca sus condiciones y un Congreso donde está todo por negociar.

Y ahí es donde la palabra «generosidad» que pidió Rodríguez se vuelve incómoda. Porque para la familia que teme una subida imposible, para quien vive con la amenaza del desahucio encima de la mesa o para los barrios vaciados por los pisos turísticos, esto no va de generosidad entre partidos: va de si el sistema político es capaz de hacer lo más básico, que es garantizar que la gente no se quede en la calle. En julio se verá si el decreto es una herramienta de verdad o una más de esas promesas que se quedan atrapadas entre vetos. La pelota, otra vez, en el tejado del Congreso.

Fuentes y contexto