El Defensor del Pueblo certifica el fracaso: España tiene menos de la mitad del parque público de vivienda que la media europea

Un diagnóstico sin anestesia

El Defensor del Pueblo registró este martes 3 de noviembre en las Cortes Generales un informe titulado La efectividad del derecho a una vivienda digna y adecuada. Un problema social crítico. El título no miente. Lo que contiene tampoco: 35 medidas concretas dirigidas a las administraciones públicas y un diagnóstico que deja poco espacio para el optimismo de campaña.

La institución no tiene poder para obligar a nadie a aplicar sus recomendaciones —sus avisos no son ley ni vinculan jurídicamente a ninguna administración—. Pero sí tiene la autoridad de quien lleva años escuchando las quejas de ciudadanos que no encuentran piso asequible, ven cómo el alquiler se lleva más de la mitad del sueldo o acaban en una emergencia residencial sin que el sistema responda. Cuando esa institución pone cifras al problema, es difícil mirar hacia otro lado.

El 3% que lo explica todo

El Defensor estima que el parque público de vivienda en España está en torno al 3-3,5%. La media europea se sitúa en el 8-9%. Países de nuestro entorno tienen el doble o el triple de vivienda pública que nosotros. No es una anomalía estadística ni un accidente: es el resultado de décadas de política orientada a la propiedad privada y a la construcción como motor económico, con el Estado retirándose del papel que sus homólogos europeos nunca abandonaron.

La explicación del déficit la da el propio informe: buena parte de la vivienda protegida construida en las últimas décadas fue descalificada en cuanto el plazo legal lo permitió y pasó directamente al mercado libre. Lo que se edificó con condiciones especiales, con suelo público, con ventajas para el promotor, acabó siendo un piso más a precio de mercado. Un proceso que se repitió durante décadas y que el Defensor señala como una de las causas estructurales del déficit actual.

35 medidas concretas a días del 29N

El informe llega a pocas semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre. El Defensor no elige el calendario con intención política —esa no es su función—, pero el contexto es el que es. Los partidos llevan semanas en campaña con promesas de vivienda que con frecuencia se reducen a «liberar suelo» o «agilizar licencias», como si el mercado pudiera resolver solo lo que el mercado ha contribuido a crear. El diagnóstico institucional va en otra dirección.

Entre las 35 medidas sobresalen tres que atacan el núcleo del problema: ampliar el parque público de vivienda; preservar de forma permanente su carácter público para cortar el ciclo de descalificación que ha drenado el stock durante décadas; y destinarlo preferentemente al alquiler, no a la venta. El informe también reclama reforzar las ayudas al alquiler y a la rehabilitación, planificar las políticas de suelo y vivienda a medio y largo plazo, y agilizar los procedimientos para atender emergencias residenciales. No son propuestas ideológicas: son la lección directa de lo que ha fallado.

Viviendas vacías, grandes tenedores y turismo

El Defensor también entra en los terrenos más incómodos para ciertos intereses. Propone medidas fiscales para movilizar viviendas privadas desocupadas hacia el alquiler asequible: quien tenga un piso vacío sin justificación razonable debería notarlo en su fiscalidad. Y recomienda acuerdos de cesión con grandes tenedores —fondos de inversión y propietarios con cientos o miles de viviendas— para incorporar parte de ese stock al mercado asequible.

También figura la regulación e intervención del mercado de alquiler turístico, que en varias ciudades ha retirado miles de viviendas del uso residencial, y la necesidad de evaluar con rigor las zonas de mercado tensionado al amparo de la Ley de Vivienda vigente, en lugar de dejar que su aplicación dependa de la voluntad política de cada comunidad autónoma o se pierda por falta de datos.

El espejo que nadie puede ignorar

El informe también certifica lo que ya saben quienes buscan piso hoy: los precios de compraventa y alquiler están muy por encima de los salarios; la inversión pública en vivienda sigue lejos del promedio europeo; la rigidez del suelo y el planeamiento frena la construcción donde más falta hace; y hay una falta crónica de información sobre el stock público disponible y la demanda real. Nada que sorprenda a quien ha buscado piso en cualquier ciudad española en los últimos diez años.

Con decretos de vivienda del Gobierno pendientes de convalidación en la Diputación Permanente —el plazo apunta a la semana del 9 al 13 de noviembre— y las generales del 29N a la vuelta de la esquina, el informe del Defensor no es munición para ningún partido en particular. Es algo más incómodo: el diagnóstico oficial que confirma que España ha construido durante décadas un modelo de vivienda que no funciona para quienes más lo necesitan, y que 35 medidas concretas esperan respuesta. El 29N no puede tapar eso.