El instructor se lava las manos, la Sala decidirá
El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha cerrado este martes 3 de noviembre la instrucción de la causa contra Carles Puigdemont y ha trasladado a la Sala de lo Penal la resolución definitiva sobre la aplicación de la ley de amnistía. No es una exoneración, todavía. Pero es un paso más en la dirección de que quien huyó de la justicia española en 2017, quien abandonó su cargo y su país para eludir responsabilidades, acabe viendo extinguida su causa penal por una ley diseñada con ese propósito.
Llarena no se ha mordido la lengua. Ha aplicado la doctrina del Tribunal Constitucional —que ya amparó a Dolors Bassa en un caso análogo de malversación— pero ha dejado claro que no comparte las razones del TC. Le ha echado en falta «mesura» al alto tribunal en su sentencia. Es la forma en que un magistrado independiente puede expresar su disconformidad sin saltarse el orden jerárquico: cumplir y protestar. Lo que no puede hacer es ignorar al TC. Eso también es el Estado de Derecho, aunque el Estado de Derecho esté siendo utilizado para saldar deudas políticas.
El mismo rasero para Comín y Puig
Además de Puigdemont, Llarena ha dejado sin efecto el procesamiento de Toni Comín y Lluís Puig, los otros dos fugados que han escapado durante años a la acción de la justicia española amparados en la falta de cooperación judicial de distintos países europeos. La doctrina es la misma: si la malversación del procés queda cubierta por la amnistía según el TC, no hay instrucción que mantener.
El instructor también ha desestimado el recurso de la acusación popular de Vox contra el alzamiento de las órdenes de detención, producido ya en octubre. Una decisión coherente con el marco jurídico que el propio TC ha impuesto, aunque duela reconocerlo. Las órdenes se alzaron. La instrucción se cierra. El camino jurídico avanza en una sola dirección.
Lo que esto no es: Puigdemont no está amnistiado aún
Conviene ser precisos, porque la propaganda sanchista se encargará de vender esto como el cierre definitivo del capítulo. No lo es. Llarena ha sido explícito: cerrar la instrucción y alzar las órdenes no equivale a la extinción definitiva de responsabilidad. Esa resolución la tiene que adoptar la Sala de lo Penal del Supremo, que ya aplicó la amnistía a Oriol Junqueras, Dolors Bassa, Raül Romeva y Jordi Turull. El camino está despejado, pero el último paso es de la Sala.
Puigdemont sigue siendo, jurídicamente, alguien procesado por malversación que no se ha sometido a ningún tribunal. Que su causa esté encarrilada hacia el sobreseimiento no cambia lo que hizo en 2017 ni borra las consecuencias para el país. Cambia, en cambio, lo que la ley —esta ley, aprobada con estos votos, para este momento— dice que se puede hacer con él. Esa distinción importa, aunque sea incómoda de sostener.
La ley de la oportunidad política
Aquí está el quid de la cuestión. La ley de amnistía no surgió de una reflexión profunda sobre el modelo de Estado ni de una demanda social mayoritaria. Surgió de una necesidad aritmética: el Partido Socialista necesitaba los votos de Junts para investir a Pedro Sánchez, y los votos de Junts tenían un precio. El precio era la amnistía. Eso no es un secreto: es la secuencia de hechos que el propio Gobierno ha ido relatando, a su manera, en cada etapa del proceso.
El resultado es que la igualdad ante la ley —ese principio que se supone piedra angular de cualquier democracia liberal— queda seriamente comprometida. Un ciudadano español que cometa malversación en cualquier otra circunstancia no tiene una ley personalizada que extinga su responsabilidad. Puigdemont sí. No porque sea distinto jurídicamente, sino porque tenía poder de negociación en el momento político oportuno. Eso no es justicia: es transacción.
El 29N en el horizonte
Y mientras la Sala de lo Penal prepara su resolución definitiva, el calendario político no da tregua. El 29 de noviembre se celebran elecciones generales. El cierre de la causa de Puigdemont, aunque sea provisional, es también un mensaje: el Gobierno cumple con sus socios, los socios seguirán siendo necesarios, el círculo se cierra. La justicia como moneda de cambio electoral es una imagen que debería incomodar a cualquier demócrata, con independencia de su posición sobre el procés o sobre Cataluña.
El magistrado Llarena ha hecho lo que tenía que hacer dentro del sistema. Ha obedecido al TC, ha dejado constancia de sus reservas y ha pasado el expediente a quien corresponde. Lo que merece reproche no es su actuación, sino la cadena de decisiones políticas que ha convertido una causa penal grave en una negociación de despacho. Esa cadena empezó en el Congreso, no en el Supremo.