Que abrir la boca pueda salirte caro no es una exageración de tertulia: en el Código Penal español todavía existen los llamados delitos de opinión, esa categoría incómoda en la que caben, entre otras cosas, las injurias a la Corona. Y ahora mismo hay una pelea en el Congreso por decidir qué hacemos con ellos.

De un lado, PSOE y Sumar, que han vuelto a poner sobre la mesa una reforma para despenalizarlos. Del otro, PP y Vox, que han decidido que esa reforma no va a salir adelante sin guerra. Eso es, exactamente, lo que cuentan este 28 de junio de 2026 varios medios recogidos por Google News.

Qué se está moviendo en el Congreso

El relato que comparten las distintas cabeceras es bastante coincidente. PSOE y Sumar han reactivado una reforma para sacar del Código Penal los delitos de opinión, y PP y Vox están maniobrando para frenarla. PressDigital lo titula sin rodeos: los dos partidos de la derecha tratan de parar en el Congreso la despenalización que la izquierda ha vuelto a impulsar.

La misma idea aparece en Demócrata, que habla directamente de maniobras parlamentarias contra la reforma, y en Revista Capital, que aporta el cómo: enmiendas. Es decir, no un portazo a la primera, sino el trabajo fino de meter modificaciones para descafeinar o tumbar el texto por la vía reglamentaria.

Conviene decirlo claro, sin titulares tramposos: la reforma no está aprobada ni en vigor. Lo que hay, de momento, es una batalla abierta. Quién gana esa batalla y cuándo se vota, eso todavía está por ver.

Las injurias a la Corona, en el corazón del lío

No todas las cabeceras ponen el foco en el mismo sitio, pero ElPlural sí señala un punto especialmente sensible: entre lo que PSOE y Sumar quieren despenalizar estarían las injurias a la Corona. Y ahí es donde el debate deja de ser técnico y se vuelve político del todo.

Porque hablar de injurias a la Corona es hablar de hasta dónde puede llegar la crítica a una institución del Estado sin que eso te coloque en la órbita de un juzgado. Es el tipo de frontera que define qué clase de democracia somos: una en la que se puede decir casi todo, o una en la que ciertas instituciones tienen un escudo penal que otras no tienen.

Por qué esto va, en el fondo, de libertad de expresión

Quitemos la jerga: despenalizar un delito de opinión significa que decir algo —por incómodo, feo o irreverente que suene— deja de ser materia para el Código Penal. No se trata de que desaparezca el insulto del mundo, sino de que el Estado no responda a las palabras con la maquinaria penal.

Por eso PSOE y Sumar lo presentan como una ampliación del terreno de juego del debate público. Y por eso la resistencia de PP y Vox se puede leer —y aquí entramos en lectura, no en dato— como una apuesta por mantener líneas rojas penales alrededor de lo que se puede y no se puede decir. Que cada cual saque sus conclusiones sobre qué dice eso de la idea de libertad de expresión que maneja cada bloque.

Lo que no toca es exagerar. Frenar una despenalización no es lo mismo que querer llenar las cárceles, y ninguna de las fuentes dice tal cosa. El hecho, el de verdad, es más sobrio: hay enmiendas y hay maniobras para que esa reforma no prospere.

Una partida que sigue abierta

Así que el resumen honesto es este: la izquierda parlamentaria intenta borrar del Código Penal los delitos de opinión, incluidas según las fuentes las injurias a la Corona; la derecha intenta impedirlo con enmiendas y movimientos en el Congreso; y nadie ha ganado todavía.

Es una de esas peleas que parecen de letra pequeña y que, en realidad, tocan algo muy gordo: cuánto margen tenemos para decir lo que pensamos sin mirar de reojo al Código Penal. Habrá que seguirle la pista, porque de momento lo único cerrado es que está todo abierto.

Fuentes y contexto