El índice en el anuncio no construye pisos

Imagina que buscas piso. Abres el móvil, ves un anuncio: 1.300 euros al mes, dos dormitorios, zona tensionada. Debajo, en letra obligatoria gracias al Real Decreto-ley 29/2026, una nota: "Índice de referencia del precio del alquiler: 1.050 €/mes. Precio máximo legal según normativa vigente". Lees los números. Los entiendes. Y sigues sin poder pagar el alquiler.

Esto es, en esencia, lo que el Gobierno llama reforma de la publicidad del alquiler. El artículo 20 del RDL 29/2026 obliga a que los anuncios de arrendamiento en zonas tensionadas incluyan el índice de referencia del precio. Si hay un tope legal, hay que indicar el precio máximo, la normativa que lo fija y los parámetros del inmueble. Más el identificador de la unidad arrendada cuando corresponda. Un anuncio que antes era una foto, un precio y un teléfono ahora parece el prospecto de un medicamento genérico.

No digo que la transparencia sea mala. Lo que digo es que saber cuánto debería costar un piso no es lo mismo que poder pagarlo, ni mucho menos lo mismo que que ese piso exista. Y ahí está el problema de fondo que este decreto no resuelve, porque no puede resolverlo: la cartelería regulatoria no construye metros cuadrados.

El decreto que nació de una derrota

Hagamos memoria, que en campaña el relato oficial tiende a simplificarse. El Gobierno de Sánchez llevó varios decretos de vivienda al Congreso. El PP, Junts y Vox los rechazaron. No hubo acuerdo. Ese rechazo precipitó el adelanto electoral al 29 de noviembre.

Lo que siguió es conocido: Sánchez convocó elecciones y, antes de que la legislatura cerrara del todo, aprobó por decreto-ley buena parte de lo que el Congreso había tumbado. El RDL 29/2026, en vigor desde principios de octubre, recupera ese contenido por la puerta de atrás del Boletín Oficial del Estado. La misma lógica que los grupos parlamentarios rechazaron en sede democrática reaparece ahora con fuerza de ley provisional, a la espera de que la Diputación Permanente lo convalide o no el 12 de noviembre.

Es decir: el Gobierno perdió en el Congreso, llamó a elecciones, y mientras las campañas se calientan, su legislación ya está desplegándose en el mercado. Puede ser una jugada maestra de comunicación política. O puede ser la confirmación de que cuando las mayorías fallan, la tentación del decreto es demasiado grande.

Cuerpo ya está midiendo las cortinas

El 28 de octubre, Carlos Cuerpo, ministro de Economía, declaró públicamente que le «encantaría» repetir en el cargo tras el 29-N. También dijo que esperaba que la Diputación Permanente aprobara los decretos de vivienda el 12 de noviembre. Todo con una tranquilidad que, o bien refleja confianza en las encuestas internas del PSOE, o bien es el mejor ejercicio de autocontrol visto en toda esta campaña.

Lo llamativo no es la ambición personal, que es legítima. Lo llamativo es el timing: el ministro habla de su siguiente mandato mientras hay acampadas de protesta por la vivienda en varias ciudades, mientras una señora de 87 años llamada Maricarmen se convierte en símbolo de los desahucios, y mientras CCOO y UGT han convocado huelga general para el 11 de noviembre. Cada cual vive la crisis a su ritmo.

Más carteles, menos pisos

Volvamos al anuncio del principio. Ese piso de 1.300 euros con el índice de referencia a 1.050 euros visible no va a bajar de precio por arte del decreto. El propietario que pueda sortear el límite lo sorteará. El que no pueda, retirará el piso del mercado de alquiler ordinario o lo volcará en plataformas de estancia corta. Lo sabemos porque ya ha pasado en otras ciudades europeas que aplicaron controles sin acompañarlos de una política de oferta seria: menos carteles de alquiler, mismo problema de fondo.

La posición del PP —Bravo, Feijóo— insiste en ese diagnóstico: más vivienda nueva, seguridad jurídica para que los propietarios no huyan del mercado, simplificación de las trabas administrativas a la construcción. Han hablado de un millón de viviendas en cuatro años. Es una promesa de campaña, no un plan financiado con detalle —hay que decirlo con claridad—. Pero la dirección del diagnóstico es más sólida que un decreto que obliga a añadir más texto en los anuncios de los portales inmobiliarios.

El mercado del alquiler en España lleva años en una espiral que ningún Gobierno ha frenado de verdad. Ni los que gobernaron sin hacer nada ni los que gobiernan haciendo mucho ruido regulatorio. La diferencia entre cartelería y política de vivienda es la misma que entre saber el precio del agua en el desierto y tener agua en el desierto.

Diario de precampaña, día veintiuno. Tesis de esta mesa: el RDL 29/2026 obliga a mostrar el índice de referencia en los anuncios de alquiler de zonas tensionadas; es transparencia, no oferta. La misma medida que el Congreso rechazó vuelve por decreto mientras el ministro de Economía ya planea su segundo mandato. Más cartelería regulatoria no construye pisos: eso requiere suelo, licencias y voluntad política de verdad.