Dos accidentes. El mismo corredor. Nueve meses de diferencia. Urda, en torno a 69 muertos. Adamuz, 46. El corredor Madrid-Andalucía lleva dos catástrofes en el AVE español en menos de un año, y el relato del Gobierno después de la segunda sigue siendo el mismo que después de la primera: buscar a alguien de escalafón bajo al que señalar mientras el ministro sobrevive en el cargo.
Alberto Núñez Feijóo decidió el miércoles, cuando todavía se contaban los muertos en Toledo, que la oposición no podía quedarse solo en el luto. Suspendió la precampaña del PP —estaba en Barcelona—, regresó a Madrid y fue directo a la sede de Génova. Al día siguiente, el jueves, se plantó en el puesto de mando avanzado en Urda con el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, y el alcalde Manuel Galán.
Y ya en Urda anunció que convocaría una reunión de expertos para «establecer una serie de conclusiones». Ese encuentro se celebra este viernes, 30 de octubre, en la calle Génova.
El equipo que conoce el sistema por dentro
Lo que Feijóo ha puesto en marcha es un gabinete de crisis propio, integrado por antiguos responsables de Fomento, Renfe y Adif de etapas del PP. No son tertulianos ni asesores de comunicación: son personas que han tenido el cargo, que conocen los protocolos operativos y que saben lo que significa dar una orden de reanudación de marcha en un corredor de alta velocidad.
Dos nombres han trascendido públicamente: Íñigo de la Serna, exministro de Fomento con Mariano Rajoy y exalcalde de Santander; y Berta Barrero, ex directora general de Operaciones de Renfe. No son caras nuevas en este papel: el equipo ya estuvo en contacto en enero, tras la catástrofe de Adamuz. El PP lleva meses construyendo este banco de conocimiento técnico en infraestructuras.
Hay, sin embargo, una baja sensible que conviene mencionar. Pablo Vázquez, fundador de Reformismo 21 y ex presidente de Renfe, falleció este verano. Era una de las referencias del sector dentro del ecosistema del PP. Su ausencia se nota.
Dentro del partido, el área la coordina el vicesecretario Juan Bravo, responsable de Hacienda e infraestructuras. También se menciona a Alma Ezcurra, vicesecretaria sectorial, en la reunión de expertos de este viernes.
«Las responsabilidades políticas no son opcionales»
Feijóo fue contundente en Urda, aunque sin pronunciar las cuatro palabras que algunos esperaban. No pidió la dimisión de Óscar Puente con esa fórmula explícita —eso lo sabe él, y lo sabe el Gobierno—, pero tampoco dejó margen para la ambigüedad: «Yo sé lo que haría si fuera el presidente del Gobierno. Las responsabilidades políticas no son opcionales, son imprescindibles desde el punto de vista ético y moral».
Que cada uno saque sus conclusiones.
Lo que sí criticó con contundencia fue el relato oficial. Llamó «frivolidad impropia» apuntar a un operador de Adif en Atocha como eje de la explicación cuando estamos ante la segunda catástrofe en nueve meses en el mismo corredor. Y recordó la secuencia que el propio Gobierno ha reconocido: el AVE recibió orden de reanudar la marcha normal, y tardaron aproximadamente diecisiete minutos en impactar contra el Iryo, que estaba detenido.
¿Quién dio esa orden? ¿Por qué tardó casi un cuarto de hora en producirse el choque si el tren parado era visible? Son las preguntas que el Gobierno todavía no ha respondido con claridad, y son exactamente las preguntas para las que un gabinete con ex responsables de Renfe y Adif puede aportar contexto real.
El Congreso también entra en juego
La presión parlamentaria ya tiene fecha. El PP ha solicitado la comparecencia de Pedro Sánchez en la Diputación Permanente del Congreso. El ministro Puente comparecerá el martes 3 de noviembre a las 17:00. Dos tragedias en el mismo corredor obligan al Gobierno a sentarse ante el Parlamento y explicar no solo qué pasó el miércoles en Urda, sino qué medidas se tomaron entre Adamuz y Urda para que no volviera a ocurrir.
Que esa pregunta esté todavía sin respuesta pública es, en sí misma, toda una respuesta.
La estrategia: gestión, no desgaste
El PP, según informa El Mundo, da por amortizado a Puente en privado. Pero en público el partido mantiene el tono del luto, y hay razones concretas para ello: en el accidente de Urda murió la exministra Fátima Báñez, figura de primera línea del PP. El partido no ha querido convertir ese dolor en arma arrojadiza inmediata.
La apuesta del PP es más estructural: volver a la precampaña de forma paulatina con un mensaje centrado en la capacidad de gestión. El diagnóstico interno es que este Gobierno lleva dos catástrofes improvisando culpables de rango bajo mientras la pregunta que de verdad importa sigue sin respuesta: quién nombra al siguiente ministro de Transportes y con qué criterio real de conocimiento del sector.
Feijóo no ha hablado con Sánchez ni con ningún ministro del Gobierno desde el accidente. Sí fue atendido por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, durante su visita al puesto de mando en Urda.
El contraste que el PP quiere fijar
El gabinete de crisis de Feijóo no es un ejercicio de relaciones públicas ni un gesto vacío. Es una declaración de intenciones en un momento muy preciso: mientras el Gobierno gestiona la comunicación del accidente con los reflejos de quien busca que el relato no le salpique, la oposición reúne a gente que conoce los sistemas de señalización, los protocolos operativos y la cadena de mando de Adif y Renfe por haber estado dentro.
Eso no exime al PP de sus propias responsabilidades históricas en la gestión de estas infraestructuras —algo que la izquierda recordará con puntualidad—, pero es exactamente lo que la situación política exige ahora mismo: una oposición con una propuesta técnica creíble, no solo con el luto bien comunicado.
Dos catástrofes. El mismo corredor. El viernes, en Génova, empieza el trabajo serio.