Quedan veintidós días para las elecciones del 29-N y la precampaña tiene un telón de fondo que nadie en Moncloa esperaba protagonizar: agentes de la UCO llamando a la puerta del domicilio de José Luis Ábalos en Valencia, registrando sedes de Adif y deteniendo a seis personas vinculadas al exministro de Transportes. Todo ello por orden del juez Ismael Moreno, de la Audiencia Nacional, en una nueva pieza separada del caso Koldo.
Conviene ser precisos, porque la precisión es lo que distingue la crítica legítima del ruido. No hay condena. Hay una instrucción judicial en curso. Hay diligencias, registros, documentación requerida. Hay detenidos que ya están en libertad a la espera de ser citados como imputados. Esto no es una sentencia, es el principio de un proceso que debe seguir su curso con todas las garantías. Dicho esto, tampoco podemos mirar hacia otro lado y fingir que aquí no pasa nada.
Los hechos que no admiten interpretación
El 5 de noviembre, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil desplegó un operativo coordinado en varias provincias: Valencia, Sevilla, Córdoba, Madrid. El objetivo central era el domicilio de Ábalos, pero también se personaron en instalaciones de Adif y Adif Alta Velocidad para requerir documentación sobre contratos de obra pública. Y pasaron por la constructora Grupo Azvi en Sevilla, entre otros puntos.
Entre los seis detenidos para toma de declaración figuran Andrea de la Torre, pareja de Ábalos, y Cristian Corvillo, que fue chófer de Pedro Sánchez durante las primarias de 2017. Lo de Corvillo tiene su miga: no estamos hablando de un fontanero que pasaba por allí, sino de alguien que estuvo en el núcleo duro del equipo que llevó a Sánchez a reconquistar Ferraz. Repito: esto no implica culpabilidad de nadie, pero sí dibuja un mapa de relaciones que merece explicaciones políticas, no solo judiciales.
Las pesquisas se centran en presuntas irregularidades en adjudicaciones de contratos públicos durante la etapa de Ábalos al frente del ministerio. Blanqueo, tráfico de influencias... son las líneas que aparecen en los relatos policiales y judiciales filtrados a la prensa. Veremos qué queda en pie cuando el juez termine su trabajo. Pero el patrón resulta familiar: contratos millonarios, intermediarios con acceso privilegiado, una trama que orbita alrededor de quien fue durante años el hombre fuerte del PSOE en la Comunitat Valenciana.
La coincidencia y el mitín
Ábalos reaccionó el día 6 señalando una «evidente coincidencia temporal» entre el registro de su casa y ciertas declaraciones de Koldo que apuntaban al PP. Tiene derecho a decirlo y los medios tienen obligación de recogerlo. Pero una coincidencia temporal no es una prueba de manipulación judicial. Si el exministro tiene elementos para demostrar que la instrucción está politizada, que los presente ante el juez. Lo que no vale es sugerir conspiraciones en un comunicado mientras la UCO se lleva cajas de documentación.
Mientras tanto, ese mismo 6 de noviembre, Pedro Sánchez retomaba la precampaña precisamente en Valencia. Minuto de silencio por la tragedia de Urda, defensa de la dimisión de Óscar Puente, mensaje de «dar la cara». Todo muy solemne, todo muy medido. Pero la realidad es tozuda: en la misma ciudad donde el presidente hablaba de dignidad y responsabilidad, a pocos kilómetros estaba la casa que la Guardia Civil acababa de registrar. El territorio donde Ábalos fue durante años el virrey socialista.
No se puede pedir regeneración democrática con la boca grande mientras tu exministro estrella está siendo investigado por presunta corrupción en contratos públicos. No funciona así. La regeneración no se improvisa en un mitin, no se declama en un atril, no se resuelve con un minuto de silencio y una frase lapidaria. La regeneración exige transparencia, explicaciones, rendición de cuentas. Y lo que vemos es todo lo contrario: silencio sobre Ábalos, cambio de tema, mirada al frente como si la UCO no existiera.
Lo que podemos y lo que no podemos decir
Seamos claros sobre los límites. No podemos afirmar que Ábalos sea culpable: no hay sentencia. No podemos afirmar que el presidente esté imputado en esta pieza: no lo está. No podemos dar por probados delitos que aún se investigan. Eso sería hacer exactamente lo que criticamos cuando otros lo hacen.
Pero sí podemos —y debemos— señalar que hay un patrón inquietante. Que el caso Koldo ya tiene piezas juzgadas, como la de las mascarillas, y otras abiertas que siguen sumando protagonistas. Que los nombres que aparecen no son desconocidos ni periféricos, sino personas del núcleo duro del poder socialista. Que cuando la Guardia Civil entra en casa de un exministro y detiene a su pareja y al exchófer del presidente, algo grave está pasando.
Podemos exigir que no se normalice la corrupción. Que no se archive este asunto en el cajón de «cosas que pasan en política». Que quien pide el voto para gobernar España explique qué sabía, cuándo lo supo y qué hizo al respecto. Son preguntas legítimas que merecen respuestas, no cortinas de humo.
A veintidós días del 29-N, los españoles tienen derecho a saber si quienes aspiran a seguir gobernando están comprometidos con la limpieza institucional o simplemente esperan que el ruido de la campaña tape el sonido de las sirenas judiciales. La instrucción seguirá su curso. Las urnas también llegarán. Pero la memoria de los ciudadanos no debería ser tan corta como algunos desearían.