El Gobierno ha aprobado el DORA III, el marco que ordena los aeropuertos españoles entre 2027 y 2031. Traducido al castellano de calle: Aena tendrá casi 13.000 millones para ampliar y modernizar la red, pero no consigue la subida de tasas que pedía.
La foto política es menos técnica de lo que parece. Aena reclamaba un aumento medio anual del 3,82%. Las aerolíneas pedían una rebaja del 4,9%. La CNMC puso sobre la mesa una bajada del 0,59%. Moncloa se queda en el punto menos explosivo: un 0,33% anual, alrededor de tres céntimos por pasajero al año según las crónicas económicas. Ni barra libre al gestor ni victoria total del lobby aéreo.
Invertir sin cargarlo al Presupuesto
El argumento fuerte para una lectura liberal-conservadora no está en negar la inversión. Está en cómo se paga. Transportes defiende que el plan mantiene el principio de autofinanciación: los aeropuertos se financian con sus propios recursos y con tarifas reguladas, no con una nueva partida directa de los Presupuestos Generales del Estado. En un país donde cada obra pública acaba convertida en factura política, eso no es menor.
España viene de récords de pasajeros y el propio ministro Óscar Puente ha admitido que algunos aeropuertos tienen las costuras al límite. Madrid-Barajas, Barcelona-El Prat, Palma, Málaga o Alicante no se amplían con deseos ni con ruedas de prensa. Si la red quiere absorber más tráfico sin volverse un embudo, alguien tiene que poner dinero real encima de la mesa.
La pelea que viene: quién paga el atasco
El Gobierno vende equilibrio. Las aerolíneas ven una subida que puede acabar trasladándose al billete. Aena, en cambio, quería bastante más margen para financiar su plan. Ahí está el nudo: el usuario no quiere pagar más, el gestor no quiere invertir menos y el Estado no quiere abrir otra guerra presupuestaria.
El dato de fondo es claro: la red pasaría de unos 321 millones de viajeros en 2025 a más de 350 millones en 2031, según las previsiones citadas por Transportes y la prensa económica. Si esa demanda llega y no hay obras, el coste será otro: colas, saturación, peor servicio y menos competitividad turística. La tarifa de tres céntimos suena ridícula; el problema es si basta para que el sistema no llegue tarde.
La derecha suele caer en una trampa cómoda: denunciar cualquier tasa como si fuera comunismo de mostrador. Aquí la pregunta es más seria. Si el aeropuerto genera actividad, atrae turismo y sostiene empleo, tiene sentido que una parte del coste la soporte quien usa la infraestructura. Lo que no puede hacer el Gobierno es convertir una decisión regulatoria en un cheque opaco a Aena sin exigir plazos, ejecución y resultados.
El DORA III deja una promesa razonable y una vigilancia obligatoria. Inversión sí; sablazo no. Pero si dentro de tres años las obras van lentas y los billetes suben por otros sitios, nadie podrá esconderse detrás de las siglas.