Estados Unidos no ha llamado a Moncloa para felicitarla. Más bien al contrario. El embajador de EEUU ante la OTAN, Matt Whitaker, dejó claro este 1 de julio de 2026 que Donald Trump sigue 'decepcionado' con España. Y no por un enfado pasajero de sobremesa: hay dos facturas concretas encima de la mesa y ninguna apunta a saldarse pronto.

El malestar, según explicó el propio Whitaker, tiene dos patas bien identificadas. La primera son las restricciones de acceso y sobrevuelo relacionadas con las bases de Morón y Rota durante la operación estadounidense contra Irán, bautizada Epic Fury (Furia Épica). La segunda, la ausencia de una trayectoria creíble hacia el objetivo del 5% del PIB en defensa que la Alianza fijó en La Haya.

Doblemente decepcionado, en resumen. Dos frentes distintos —el operativo y el presupuestario— que se refuerzan entre sí y que dibujan, a ojos de Washington, el retrato de un aliado que ni acompaña cuando toca actuar ni paga cuando toca invertir.

Dos espinas que no se caen solas

Conviene ser precisos, porque el matiz importa. Lo que han recogido los medios —y lo que ha irritado a Washington— son restricciones, un 'veto' citado por la prensa sobre determinados usos durante la operación, no necesariamente un portazo legal, total y definitivo a las bases. Whitaker no detalló el alcance jurídico del asunto; detalló, eso sí, el tamaño del enfado. Y en diplomacia el enfado del socio que te presta la casa también cuenta.

Rota y Morón no son dos aeropuertos comarcales. Son piezas del dispositivo militar estadounidense en el Mediterráneo y el Atlántico, y forman parte de una relación bilateral que España firmó y de la que se beneficia. Que Estados Unidos perciba fricciones justo cuando estaba en mitad de una operación explica que el reproche no se haya quedado en un pasillo, sino que lo verbalice su embajador ante la Alianza.

Sin represalias anunciadas, pero con recado

Whitaker quiso rebajar la temperatura en un punto concreto: dijo que no esperaba que la cumbre de la OTAN en Ankara estuviera marcada por represalias. Es decir, no anunció sanciones, ni castigos, ni portazos. Conviene subrayarlo para no caer en el titular fácil: no hay represalia sobre la mesa. Lo que sí acompañó a ese gesto conciliador fue una exigencia nítida, sin rodeos: que todos los aliados, sin excepción, cumplan el compromiso de La Haya.

Zanahoria y palo, dicho en voz alta

Y aquí llega la parte que en Madrid conviene leer despacio. Whitaker planteó que los países que hacen más en defensa deberían obtener beneficios concretos: más acceso a los líderes estadounidenses y prioridad en las adquisiciones y la contratación militar. No es una amenaza; es un menú. Un sistema de incentivos expuesto en voz alta.

La traducción es sencilla, y esto es valoración: quien no rema, no cobra. En un mundo de recursos finitos y agendas apretadas, la influencia se reparte según lo que cada socio pone sobre la mesa. Quedarse en la cola de la fila tiene consecuencias, aunque esas consecuencias no lleven jamás el membrete oficial de 'sanción'. Se llaman, simplemente, llamadas que no entran y contratos que van a otro.

El 2,1% frente al 5%: un abismo, no un matiz

Los números explican por qué este choque no es puro ruido retórico. El Gobierno español sostiene, según recoge El Mundo, que no superará el 2,1% del PIB en defensa. El objetivo aliado es del 5%, repartido en un 3,5% de gasto militar puro y un 1,5% adicional en inversiones relacionadas con la defensa. Entre el 2,1% y el 5% no hay un desacuerdo de decimales: hay un abismo. Y Washington lo sabe leer perfectamente.

Porque el 5% no es un número que se haya sacado de la manga para incomodar a nadie. Es un compromiso de la Alianza, asumido en La Haya, que ahora Estados Unidos exige ver traducido en presupuestos reales y no en promesas para la próxima legislatura. Y España, hoy por hoy, no tiene una senda creíble que enseñar.

La factura de jugar a socio díscolo

Hasta aquí, los hechos. Lo que viene es valoración, y toca decirlo sin anestesia. España lleva demasiado tiempo tratando la política de defensa como un gesto de consumo interno: un mensaje calibrado para la propia parroquia antes que un compromiso serio con quienes comparten paraguas de seguridad. Esa manera de hacer las cosas tiene un coste que no figura en ningún BOE, pero que se paga igual.

El coste tiene nombre: fiabilidad. Un socio que introduce fricciones en el uso de sus bases en plena operación y que se planta en la mitad del objetivo pactado no proyecta autonomía estratégica; proyecta imprevisibilidad. Y la imprevisibilidad, en materia de seguridad, es justo lo contrario de la seguridad jurídica y de la palabra dada que cualquier aliado espera de un país que se dice serio.

Whitaker no ha amenazado con represalias. No le ha hecho falta. Ha descrito el tablero nuevo con una franqueza casi de ventanilla: el que aporta, entra; el que no, espera fuera. España puede seguir instalada cómodamente en el gesto y en el 2,1%, pero que nadie en Moncloa se sorprenda el día que la llamada de Washington tarde en llegar. La factura de jugar a socio díscolo no se cobra de golpe ni con estruendo. Se cobra en influencia, gota a gota, hasta que un día se nota de verdad.

Fuentes y contexto