ERC ha registrado en el Congreso una propuesta para crear una oficina independiente que investigue actuaciones de la Policía y la Guardia Civil, según Europa Press. La idea no es menor: sacar parte del control de las fuerzas de seguridad de los circuitos internos y colocarlo en un órgano externo, con capacidad para mirar expedientes incómodos sin depender de la misma cadena jerárquica que debe ser examinada.
El debate va mucho más allá de ERC. En cualquier democracia sana hay una pregunta que no desaparece: quién vigila a quienes pueden detener, identificar, dispersar una protesta o usar la fuerza en nombre del Estado. La respuesta conservadora suele ser confianza institucional y apoyo a los cuerpos. La respuesta progresista añade una coletilla imprescindible: confianza sí, pero con control real, porque el uniforme no convierte a nadie en infalible.
Control externo no significa barra libre contra la policía
Conviene bajar el volumen antes de que empiece la película habitual. Pedir una oficina independiente no equivale a acusar colectivamente a policías y guardias civiles de actuar mal. Sería injusto y, además, falso. La mayoría trabaja en condiciones difíciles, con turnos duros y exposición constante. Precisamente por eso, un mecanismo limpio de revisión puede proteger también a los buenos profesionales: separa errores o abusos concretos de la reputación de todo un cuerpo.
El problema aparece cuando cualquier control se presenta como ataque. Esa reacción defensiva es cómoda para la política de trinchera, pero mala para el Estado de derecho. Si una actuación fue correcta, una revisión externa debería poder acreditarlo. Si no lo fue, la ciudadanía merece saberlo sin tener que atravesar una muralla administrativa.
La izquierda ve derechos; la derecha verá desconfianza
Desde una mirada progresista, la propuesta encaja en una idea básica: más poder público exige más rendición de cuentas. No porque España sea una excepción oscura, sino porque las democracias maduras no dejan el control de la fuerza solo en manos de la propia fuerza. Cámaras corporales, protocolos claros, estadísticas transparentes y órganos de revisión independientes son piezas de una misma cultura democrática.
La derecha, previsiblemente, acusará a ERC de alimentar sospechas contra Policía y Guardia Civil. Y tendrá un punto si el debate se convierte en munición partidista o en ajuste de cuentas territorial. Pero ese riesgo no invalida la pregunta de fondo. La seguridad no se debilita porque exista control; se debilita cuando los ciudadanos sospechan que no hay forma creíble de reclamar si algo sale mal.
La clave está en el diseño
La oficina que plantea ERC tendría que concretar mucho para ser algo más que un titular: independencia real, garantías para denunciantes y agentes, acceso a información, plazos, transparencia y coordinación con jueces y órganos disciplinarios. Sin ese diseño, puede quedarse en gesto político. Con un diseño serio, abriría una conversación incómoda pero necesaria sobre seguridad y derechos.
La democracia no se mide solo cuando todo funciona. Se mide cuando alguien denuncia un abuso, cuando una institución se equivoca o cuando el Estado tiene que investigarse a sí mismo. Ahí se ve si el control es una promesa bonita o una herramienta real.