No pasa todos los días que un Gobierno arrastre a la Comisión Europea ante los tribunales. Pero es justo lo que ha hecho España, según adelantó Euractiv el pasado 25 de junio: una demanda en toda regla ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) contra el plan de Bruselas para reequilibrar las nacionalidades de su función pública. Traducido del eurolenguaje habitual: contratar funcionarios mirando, antes que nada, de qué país vienen.
Qué hay sobre la mesa
La Comisión quiere corregir lo que considera un desequilibrio histórico en su plantilla. Según los datos que maneja Euractiv, hay trece Estados miembros sobrerrepresentados —España entre ellos, junto a Bélgica, Italia, Rumanía o Grecia— y otros que se han quedado cortos, como Suecia, Dinamarca, Finlandia, Chequia o los Países Bajos. La foto, dicho en plata: para Bruselas sobran funcionarios de unos países y faltan de otros.
Para arreglarlo, el director general de Recursos Humanos de la Comisión, Stephen Quest, firmó el 4 de junio una carta con instrucciones que no dejan mucho a la imaginación. El objetivo general, según Euractiv: que uno de cada dos nuevos funcionarios tenga una nacionalidad infrarrepresentada, que la mitad de los candidatos entrevistados proceda de esos países y que, en caso de empate entre dos aspirantes igual de cualificados, la plaza se la lleve el del Estado menos representado.
El mérito, según la versión oficial
Conviene ser precisos, porque la propia carta insiste en que todo esto se hace sobre la base del mérito. El desempate por nacionalidad, en teoría, solo se activa cuando dos candidatos están técnicamente igualados; la Comisión sostiene que no rebaja el listón ni reparte plazas por bandera, sino que usa el origen como criterio de última instancia.
El matiz no es menor, pero tampoco despeja la duda de fondo. Entre «criterio de desempate» y «cuota encubierta» hay una frontera más fina de lo que a Bruselas le gustaría admitir, sobre todo cuando se fija de antemano que la mitad de las nuevas incorporaciones deben encajar en un determinado perfil de pasaporte. Y ahí es donde aparece la palabra que pone nerviosa a cualquier jurista: seguridad jurídica.
Por qué España se planta
El argumento español que recoge Euractiv es de manual: discriminación por razón de nacionalidad, algo que los propios tratados europeos prohíben con todas las letras. Difícil sostener que seleccionas «a los mejores» si uno de los filtros es el país que figura en el DNI.
Hay además un detalle que explica el enfado de Madrid: España está entre los que saldrían perdiendo. En la Comisión trabajan hoy 2.790 funcionarios españoles sobre un total de 32.484, una proporción que Bruselas considera excesiva y que su plan busca recortar de cara al futuro. Cada plaza «reequilibrada» es, en la práctica, una plaza que deja de estar al alcance de un candidato español por el simple hecho de serlo.
El Gobierno, eso sí, ha elegido la discreción. Un portavoz declinó hacer comentarios oficiales sobre la demanda, según Euractiv, de modo que más allá del propio recurso no hay una postura pública detallada. Una prudencia que contrasta, cuando menos, con la contundencia de plantarse directamente en el Tribunal de Luxemburgo.
No es la primera batalla
Esto, además, no sale de la nada. España, Italia y Francia ya demandaron al Parlamento Europeo por campañas de contratación centradas en captar perfiles de nacionalidades infrarrepresentadas. Sobre aquel caso, según Euractiv, se espera que el TJUE se pronuncie a finales de año. Es decir: hay jurisprudencia en camino y el sur lleva tiempo organizándose frente a esta manera de entender la diversidad. Nada está decidido todavía; la última palabra la tendrán los jueces.
El fondo del asunto
Más allá del recuento de funcionarios, lo que está en juego es un principio incómodo para Bruselas: si la Administración europea presume de fichar a los mejores, ¿cómo casa eso con repartir plazas atendiendo al origen? La diversidad geográfica de las instituciones es un objetivo legítimo y tan viejo como la propia Unión. Otra cosa es el método.
Convertir la nacionalidad en un criterio activo de contratación abre un melón jurídico de los gordos y deja a miles de aspirantes —españoles incluidos— pendientes de una variable que no depende de su esfuerzo ni de su currículum, sino de dónde nacieron. Será el TJUE quien decida si eso es diversidad o discriminación. De momento, la pelea por quién manda en la letra pequeña de los concursos europeos acaba de subir un peldaño.