La oposición ha decidido que Ceuta no sea solo una crisis de gestión. Quiere que sea una causa penal. Feijóo lo dijo en el Congreso sin rodeos: Sánchez “la va a pagar ante la Justicia y ante las urnas”. Abascal empujó todavía más lejos y reclamó abrir el procedimiento para poder juzgar al presidente por traición. El mensaje de fondo es simple: si el Gobierno no quiso ver lo que pasaba, que lo miren los jueces.
Esa apuesta tiene fuerza política porque conecta con una sensación extendida: demasiados días de silencio, demasiadas versiones blandas sobre Marruecos y demasiada gente en Ceuta con la impresión de que Madrid llegó tarde. Pero también tiene una trampa. En democracia, una cosa es exigir dimisiones y otra convertir cada derrota política en una acusación penal. El PP y Vox caminan por esa cornisa.
Feijóo está intentando ocupar el carril duro sin regalarle todo el campo a Vox. Por eso mezcla dos planos: responsabilidad política y recorrido judicial. Habla de la Audiencia Nacional, del Supremo si aparecen aforados y de Marruecos como origen de una operación consentida o coordinada. Son palabras muy gruesas. Algunas descansan en indicios y en informes policiales conocidos por la prensa; otras aún necesitan prueba sólida.
Sánchez se refugia justo ahí. Repite que no hay pruebas para concluir que Rabat diseñara o ejecutara la entrada masiva. Promete contundencia si aparecen, anuncia desclasificación de informes y pide una cooperación “diferente” con Marruecos. Es el manual del presidente que no quiere incendiar una relación diplomática crítica. El problema es que, después de Ceuta, esa prudencia suena a muchos ciudadanos como miedo.
El choque real no es solo Sánchez contra Feijóo. Es prudencia diplomática contra orgullo nacional herido. Es frontera contra juzgado. Es una ciudad saturada contra un Gobierno que habla de evidencias cuando la calle habla de abandono. Y ahí la oposición ve una oportunidad enorme: hacer de Ceuta el símbolo de un Ejecutivo agotado, sometido a Marruecos y obligado a responder ante tribunales.
La vía penal puede ordenar los hechos o puede convertirse en un boomerang si se usa como eslogan antes de tener sustancia. Si la Audiencia Nacional encuentra indicios fuertes, el Gobierno tendrá un problema mayúsculo. Si no los encuentra, PP y Vox habrán vendido cárcel donde solo había reproche político. La diferencia no es menor: separa una democracia dura de una democracia histérica.
Ceuta merece una investigación a fondo y responsabilidades sin anestesia. Pero también merece que nadie use su miedo como atajo de campaña. Pedir verdad no es gritar “traición” antes de tiempo. Y pedir prudencia no puede ser esconderse detrás de Marruecos. El país está justo en ese punto incómodo.
La derecha, si quiere que esta ofensiva sea algo más que una descarga de rabia, tendrá que sostenerla con papeles y no solo con frases. Y el Gobierno, si quiere sobrevivir políticamente a Ceuta, tendrá que dejar de tratar cada pregunta como una exageración interesada. Entre el eslogan penal y la evasiva diplomática hay una tercera vía: explicar, documentar y asumir costes.