Alberto Núñez Feijóo llegó este lunes a un desayuno informativo de Europa Press en Madrid con un recado preparado para los sindicatos: desconvocad la huelga general del 11 de noviembre. Su argumento fue directo. «Antes era incomprensible. 69 muertos después es un grave error. No la hagan», dijo el líder del PP.
El problema es que la huelga del 11-N se convocó antes de que el tren descarrilara en Urda. No es una respuesta a esa tragedia. Es una respuesta a la crisis de vivienda, al acceso digno a un techo y a la demanda de más inversión en servicios públicos. Feijóo ha mezclado dos cosas distintas. Y los sindicatos lo han visto desde el primer momento.
El cálculo electoral detrás del argumento moral
Feijóo se cuidó de aclarar que no cuestiona el derecho constitucional de huelga —eso lo dejó dicho para el acta— sino «el sentido de la oportunidad». Ahí está la clave real. A tres semanas del 29-N, una huelga general con gran seguimiento complica el relato con el que el PP quiere llegar a las elecciones. Si los sindicatos la cancelan, él gana. Si la mantienen con fuerza, su campaña se enreda.
El líder del PP fue más lejos todavía. Presentó la convocatoria como dirigida «contra la oposición», atribuyendo esa lectura a la directora de campaña del PSOE. Y lanzó una advertencia en voz alta a CCOO y UGT: si mantienen el paro a tres semanas del 29-N, «ligarán su imagen a Pedro Sánchez para siempre». Necesita interlocutores sindicales, dijo. Si empiezan la legislatura con problema reputacional, serán más débiles.
Traducido al castellano sin eufemismos: portaos bien o seréis sus socios eternos ante la opinión pública. Puro cálculo electoral envuelto en papel de luto.
La respuesta de los sindicatos: no, y encima te devuelvo la pregunta
Pepe Álvarez, secretario general de UGT, fue contundente en la Cadena SER. Calificó el planteamiento de Feijóo de «insultante» y señaló que el líder del PP no ha dado ni un solo argumento de fondo. Álvarez recordó además que la huelga también exige reforzar la inversión en servicios públicos, entre ellos el sistema ferroviario. El mismo sistema ferroviario que falló en Urda.
Unai Sordo, de CCOO, confirmó igualmente el paro y la movilización. Y le hizo a Feijóo la pregunta que este no ha sabido contestar: ¿va a gobernar con un partido que propone rebajar los ingresos fiscales del Estado en 64.000 millones de euros, un 4% del PIB? ¿Con qué recursos piensa reforzar las infraestructuras? ¿Con qué dinero se arregla la red ferroviaria, se construyen viviendas públicas, se sostiene la sanidad? Nadie tiene la respuesta. Feijóo, tampoco.
Un detalle que no tiene desperdicio
Feijóo compareció ante los medios con su petición a los sindicatos. Pero hay un dato que lo dice todo: no trasladó esa petición formalmente ni a Sordo ni a Álvarez. No hubo llamada. No hubo carta. No hubo reunión. Solo un desayuno ante las cámaras.
El lunes, en Barcelona, ambos líderes sindicales auguraban ya un gran éxito del paro del 11-N. El gesto de Feijóo era para los titulares, no para los sindicatos.
¿De qué va la huelga del 11-N, en realidad?
La huelga general del 11 de noviembre la convocaron CCOO, UGT, CGT y sindicatos de inquilinas. El eje central es la crisis de vivienda: el acceso digno y asequible a un techo se ha convertido en uno de los problemas más agudos del país. Los precios del alquiler llevan años disparados. La compra está fuera del alcance de buena parte de la población joven. Y las políticas públicas han ido muy por detrás.
A eso se añade la exigencia de más inversión en servicios públicos. El accidente de Urda no ha surgido de la nada: hay una deuda histórica de mantenimiento e inversión en la red ferroviaria que los sindicatos llevan años denunciando. Semaf, el sindicato de maquinistas, mantiene sus propios paros en Renfe los días 10 y 12 de noviembre. El problema ferroviario no llegó el día del descarrilamiento.
Colau y el Frente Amplio: a por ella
Ada Colau, desde el Frente Amplio, llamó a secundar la huelga. No ahorró críticas: acusó al PSOE de cercanía con los lobbies inmobiliarios y al PP de haber liberalizado suelo durante sus gobiernos. Dos partidos distintos, dos formas distintas de llegar al mismo sitio: la vivienda tratada como negocio en lugar de como derecho.
El problema estructural de Feijóo con el sindicalismo
Feijóo tiene un problema de fondo con el movimiento sindical que no es nuevo. Su partido defiende políticas que reducen la capacidad del Estado para invertir en lo público, mientras pide a los sindicatos que le vean como un interlocutor fiable. El mismo partido que propone rebajas fiscales que benefician sobre todo a las rentas más altas y que, según Sordo, implicarían recortar en 64.000 millones los ingresos del Estado.
Apelar al duelo de Urda para intentar desactivar una movilización por la vivienda tiene un nombre. Los sindicatos lo han visto claro. La huelga del 11-N no la convocó ningún accidente. La convocó una crisis de vivienda que lleva años sin solución. Eso no cambia con 69 muertos. Cambia con políticas distintas. Hasta ahora, nadie desde el PP ha explicado cuáles son las suyas.