Hay anuncios que valen más por lo que prometen que por lo que existe, y el de estos días es uno de ellos. Alberto Núñez Feijóo ha decidido que su pelea con Pedro Sánchez ya no va solo de votos, sino de reglas del juego: acusa al presidente de “reírse” del Congreso y promete una ley para limitar lo que llama los “abusos” del Gobierno.

El líder del PP intenta convertir un choque político en una bandera con vocación de norma. La jugada es transparente: si el Parlamento le afea la gestión al Ejecutivo y este hace como que la cosa no va con él, la oposición busca traducir ese desencuentro en límites legales al poder gubernamental. Otra cosa es que lo consiga.

La moción que ha encendido la mecha

El punto de partida está en la propia Cámara. El Congreso publicó el 25 de junio una nota con un título que deja poco a la imaginación: “El Congreso aprueba una moción sobre la insostenible situación del Gobierno”. El adjetivo elegido —“insostenible”— ya es, de por sí, una declaración de intenciones.

Ese mismo día, el Partido Popular difundió que Feijóo urgió a Sánchez a dimitir después de que lo pidiera la mayoría absoluta del Congreso. Y censuró la actitud del presidente ante una votación que los populares calificaron de determinante y sin precedentes. Traducido: para el PP, aquello no fue una tarde parlamentaria más, sino un punto de inflexión.

“Se ríe del Congreso”

Tres días después, el 28 de junio, el diario Demócrata recogió el siguiente movimiento del líder gallego. Feijóo acusó a Sánchez de “reírse” del Congreso y acompañó el reproche de una promesa concreta en lo político: una ley para frenar los “abusos” del Gobierno.

El mensaje persigue un efecto muy preciso. No va tanto de un debate técnico sobre competencias como de una imagen: la de un presidente que, según la oposición, encaja un varapalo parlamentario y sigue a lo suyo. Para un electorado de centroderecha, la estampa de un Ejecutivo que ignora a la Cámara es munición de la buena.

Una ley que, de momento, no existe

Conviene bajar el globo a ras de suelo, porque es aquí donde el relato y la realidad se separan. No consta, con lo que se sabe hasta ahora, que exista una proposición de ley registrada, con su articulado y su letra pequeña. Lo que hay es un anuncio. Una intención. Un titular.

Y la diferencia no es menor. Prometer una norma contra los “abusos” del Gobierno suena rotundo en un atril, pero entre el anuncio y el BOE media un camino largo: redacción, registro, admisión a trámite, debate, votaciones y, sobre todo, mayorías. De todo eso, por ahora, solo tenemos la primera parte: las ganas. Vale la pena recordarlo cada vez que alguien hable de esta ley como si ya estuviera en vigor.

Dos poderes, un mismo pulso

El fondo del choque es tan viejo como legítimo: hasta dónde llega el Ejecutivo y dónde empieza el control del Legislativo. La oposición está en su derecho de plantearlo con toda la contundencia que quiera, y que el Congreso quiera fijar límites al poder del Gobierno no es ninguna excentricidad; es, de hecho, parte del oficio de una democracia parlamentaria.

Ahora bien, conviene precisar dos cosas para no confundir el ruido con la partitura. La primera: una moción aprobada por la Cámara es un mensaje político de peso, pero no convierte la dimisión en una obligación jurídica automática. Pedir que alguien se marche y poder obligarle a hacerlo no son la misma cosa, por mucho que la mayoría apriete. La segunda: nada de lo anunciado equivale a atribuir al Gobierno un delito. El terreno es político y parlamentario, no penal, y mezclar ambos planos solo enturbia el debate.

Queda, eso sí, el titular que Feijóo quería colgar: el de un Sánchez que “se ríe” del Congreso y una oposición dispuesta a ponerle ley al asunto. Si esa norma llega a existir algún día, ya lo veremos. De momento, el PP se ha llevado algo que en política también cotiza —el relato— y Moncloa, una semana más, vuelve a jugar a la defensiva.

Fuentes y contexto