Alberto Núñez Feijóo ha decidido tocar una fibra que nunca es neutra: la maternidad, el aborto y el modo en que el Estado mete la mano en decisiones íntimas. Según publican elDiario.es y El País, el líder del PP promete llevar al conjunto de España una ley del “concebido no nacido” inspirada en el modelo madrileño si llega a La Moncloa.

La fórmula suena administrativa, casi suave. Pero no lo es. El País recuerda que la norma madrileña prevé reconocer al embrión como un miembro más de la familia a efectos administrativos para determinadas ayudas públicas. Dicho en lenguaje de calle: el PP quiere convertir una idea con enorme carga moral en una categoría útil para repartir beneficios, ordenar políticas familiares y marcar terreno cultural.

El truco está en llamarlo ayuda

La derecha lo presentará como apoyo a la maternidad. Y una parte de esa discusión es legítima: España tiene un problema serio de natalidad, precariedad, vivienda imposible y crianza convertida en lujo. Ayudar a quien quiere tener hijos no debería escandalizar a nadie. Lo tramposo sería fingir que aquí solo hablamos de cheques, deducciones o papeles de ventanilla.

Cuando se coloca la expresión “concebido no nacido” en el centro de una ley nacional, el debate deja de ser solo social y entra de lleno en la batalla por el aborto. No hace falta derogar una ley de golpe para estrechar el marco. A veces basta con cambiar las palabras, mover incentivos y vestir de política familiar una ofensiva cultural que busca que una decisión personal empiece a parecer una anomalía que el Estado tolera con mala cara.

La izquierda no puede responder con piloto automático

Desde una mirada progresista, el riesgo es evidente: que los derechos reproductivos se vayan recortando por los bordes, sin titulares de gran derogación, con una suma de normas, ayudas y mensajes que empujan a las mujeres hacia una única idea aceptable de maternidad. Pero la respuesta tampoco puede ser el eslogan perezoso de siempre.

Si la izquierda quiere defender el derecho al aborto con credibilidad, debe hacerlo junto a políticas reales de crianza: guarderías, permisos, vivienda, salarios y sanidad pública. Porque hay mujeres que abortan porque quieren, y ese derecho debe estar protegido. Y hay mujeres que no pueden tener hijos en condiciones dignas porque el país les pone delante un contrato basura, un alquiler salvaje y una red de cuidados que llega tarde. Defender la libertad es defender las dos cosas.

Feijóo compra el marco de Ayuso y Vox

La clave política es que Feijóo vuelve a acercarse a un marco que entusiasma a la derecha más dura: menos hablar de consensos templados y más marcar frontera moral. El movimiento encaja con la presión de Vox y con el modelo de Isabel Díaz Ayuso, que ha usado la política social madrileña para enviar mensajes culturales mucho más amplios que una simple convocatoria de ayudas.

Que nadie se engañe: una ley así no prueba por sí misma una prohibición del aborto ni permite atribuir al PP una intención que no haya explicitado. Ese es el límite factual. Pero sí permite leer una dirección política: el PP quiere disputar el terreno de los derechos reproductivos usando el lenguaje amable de las ayudas públicas. La pregunta es si lo hará para ampliar opciones o para señalar cuál considera la opción correcta.

En un país adulto, ayudar a la maternidad no debería exigir poner bajo sospecha a quien no quiere o no puede ser madre. Si la futura batalla va de eso, conviene llamarla por su nombre antes de que llegue envuelta en formularios.

Fuentes y contexto