El PP no quiere seguir discutiendo la nacionalidad como si fuera un sello de correos. Según ha adelantado El Mundo, si Alberto Núñez Feijóo llega a La Moncloa prepara una ley orgánica para sacar la ciudadanía del Código Civil, endurecer el examen de idioma y valores, y —sobre todo— abrir la puerta a retirar el pasaporte a quien, después de conseguirlo, cometa delitos graves.
La frase que manejan en Génova es de las que caben en un mitin y en un BOE: «La nacionalidad no se regala, la nacionalidad se merece». Y el listado de supuestos que citan las fuentes de la dirección no es cosmética: asesinatos con agravantes, reincidencia en abusos sexuales, pertenencia a crimen organizado o a organizaciones terroristas. No hablan de una multa de tráfico. Hablan de lo que ya rompe el contrato social.
Lo relevante no es solo el catálogo penal. Es el diseño: esos condicionantes se fijarían a priori, en el propio proceso de adquisición. Quien pida el pasaporte sabría, desde el primer día, qué conductas lo hacen reversible. El PP quiere convertir la ciudadanía en un vínculo con letra pequeña legible, no en un trámite administrativo que se olvida al salir del registro.
Del Código Civil a la ley orgánica
Las mismas fuentes detallan el cambio de arquitectura jurídica. Sacan la nacionalidad del Código Civil y la meten en una norma de rango orgánico porque, dicen, Europa entera está endureciendo el acceso a la ciudadanía y España no puede seguir tratándola como un apéndice civilista. Más exigencia de lengua. Más peso a la «inclusión positiva» y al respeto de los valores democráticos constitucionales. Menos ambientación de regalo institucional.
Feijóo ya había dejado pistas el 15 de febrero en el mismo diario: preparaba una norma para delimitar el acceso, sin enseñar todavía el articulado. Entonces habló de contrato de trabajo, ausencia de antecedentes y integración social. Ahora el partido da un paso más y pone negro sobre blanco la pérdida de nacionalidad por delitos graves para quienes la adquirieron por residencia o por tratados con sus países de origen.
El marco temporal también importa. La propuesta se formula para casos futuros, no como una cacería retrospectiva improvisada. Eso no la hace suave: la hace operable. Y la conecta con el resto del plan migratorio popular —expulsión de irregulares, endurecimiento del arraigo y competencia abierta con Vox sin regalar el centro—, en un momento en el que la crisis de Ceuta y el debate europeo sobre fronteras han vuelto a poner el pasaporte en el centro de la pelea política.
Qué hay y qué no hay todavía
Conviene no vender humo ni pánico. Hoy no hay un texto registrado en el Congreso ni un BOE. Hay un adelanto periodístico basado en fuentes de la dirección del PP y un anuncio de proposición de ley orgánica condicionada a gobernar. Ara y otros medios lo resumen en la misma línea: retirar la nacionalidad a españoles de origen extranjero que cometan delitos graves.
Tampoco se ha publicado todavía el detalle fino de umbrales de reincidencia, garantías procesales o encaje con obligaciones internacionales. Eso llegará —o no— cuando Génova pase del eslogan al articulado. Pero el mensaje político ya está lanzado: el pasaporte deja de presentarse como un derecho automático de permanencia y vuelve a venderse como un privilegio condicionado al cumplimiento del ordenamiento.
Para la derecha que mira a las urnas de 2027, la jugada es clara. Quiere ocupar el terreno de la seguridad y la integración sin sonar solo a Vox. Quiere decirle al votante que la ciudadanía española no es un souvenir. Y quiere forzar al Gobierno a responder si defiende el statu quo o si también cree que hay delitos que rompen el vínculo de forma irreversible.
El debate que viene no será técnico. Será de modelo de país: si la nacionalidad es un trámite o un pacto. Feijóo ya ha elegido bando.