Alberto Núñez Feijóo ha aparcado un rato la crisis de Ceuta, se ha plantado en una promoción de alquiler público en El Cañaveral (Madrid) con José Luis Martínez-Almeida y ha sacado la calculadora. Mensaje para la foto: la vivienda “sí tiene solución”. La letra pequeña, la de siempre: rebajas fiscales, avales y un millón de casas… cuando gobierne.
El CIS sigue diciendo lo que cualquiera con 28 años ya sabe sin barómetro: la vivienda es la primera preocupación del país y, entre los jóvenes, uno de cada tres la señala como su mayor quebradero de cabeza. El líder del PP ha aprovechado ese dato para vender un plan que, dice, ya fue votado y aprobado en el Congreso. Cuatro pilares, discurso de campaña y un ejemplo tipo que suena a anuncio de banco.
La promesa de los 26.000 euros
El esquema que ha desgranado Feijóo va directo al bolsillo del comprador joven. Bajada del IRPF en los primeros cuatro años de vida laboral. Reducción del 60% en el impuesto de transmisiones patrimoniales. Exonerar tasas en donaciones de padres a hijos para comprar casa. Avales públicos de hasta el 95% o el 100% del precio. Y, de fondo, construir “hasta un millón” de viviendas en la próxima legislatura, libre y protegida, más una nueva ley del suelo y una norma antiokupación.
El ejemplo estrella es casi un guion publicitario: vivienda de 250.000 euros; el joven empieza a trabajar a los 25, compra a los 30; ahorro fiscal de entre 21.000 y 26.000 euros; y 50.000 euros menos para firmar la hipoteca. Suena concreto. También suena a traje hecho a medida de quien ya puede soñar con entrada, familia que done y nómina estable. No del que comparte piso a 700 euros la habitación.
Ese es el truco político del paquete: convierte un problema de oferta, salarios y mercado en un problema de impuestos. Si la casa es cara, recortamos el peaje fiscal. Si el banco pide más entrada, el Estado avala. Si falta suelo, promesa de ley. Si hay miedo a la okupación, otra norma. Todo cabe en un titular. Casi nada obliga a pelear de verdad con quien convierte la vivienda en activo financiero.
Lo que no entra en la foto de Cañaveral
Feijóo dice que quiere priorizar a “los más perjudicados”. Bien. Entonces habría que preguntar qué parte del plan saca del mercado a los grandes tenedores, limita la compra especulativa o multiplica parque público en alquiler asequible de verdad, no solo visitas a promociones ya en marcha en Madrid. El acto con Almeida sirve para exhibir gestión local; no sustituye un diagnóstico nacional: España es, según el propio PP en ese mismo discurso, el país europeo donde comprar exige más esfuerzo y donde la vivienda se encarece mucho más rápido que los sueldos.
Si eso es cierto —y el malestar joven lo confirma cada mes—, una rebaja del ITP o un empujón fiscal al comprador no abarata la casa: puede incluso echar más gasolina a la demanda solvente. El vendedor no regala el descuento del Estado. El precio mira hacia arriba. El joven con contrato basura sigue fuera. Y el millón de viviendas, sin calendario de suelo, financiación y control de precios de salida, es un eslogan tan grande como el 6% educativo: se mide en legislaturas, no en llaves entregadas.
También llama la atención el momento. Con Ceuta ocupando portadas, el PP necesita enseñar agenda doméstica. Correcto. Pero la vivienda no se arregla con un paréntesis electoral ni con la promesa de “seguridad jurídica” como comodín. Seguridad jurídica para construir está bien; seguridad vital para alquilar sin destinar media nómina es otra guerra. Y esa guerra no se gana solo con desgravaciones.
Prioridad joven o priorizar al comprador
Hay una diferencia política de fondo. Una política de izquierdas mira primero cuántas casas salen del circuito especulativo y a qué renta se alquilan. El plan que vende Feijóo mira primero cuánto se ahorra quien compra. No son lo mismo. El primero habla de derecho. El segundo, de operación inmobiliaria asistida por Hacienda.
Nadie niega que los impuestos de transmisión o el IRPF pesan. Nadie niega que hacer más oferta importa. Lo que no cuela es presentar el pack fiscal + avales + antiokupación como la solución al drama generacional mientras se esquiva la pregunta incómoda: ¿quién se queda con la plusvalía cuando el Estado facilita la compra y el mercado sigue mandando? Mientras esa respuesta sea silencio, el plan joven del PP será lo que es hoy: un buen cartel, una calculadora amable y muy poca llave en la mano de quien más la necesita.