La Mesa del Congreso ha aceptado la nueva propuesta del PSOE para llevar al Pleno una discusión incómoda: hasta dónde debe llegar la transparencia patrimonial del jefe de la oposición. En el centro político del asunto está Alberto Núñez Feijóo y la vivienda en la que reside con su familia en Madrid. En el centro jurídico, una pregunta más fría: qué puede exigir el Congreso a sus propios diputados y con qué instrumento.
La primera iniciativa socialista fue frenada por los letrados porque una proposición no de ley sirve para controlar al Gobierno, no para ordenar directamente la conducta de los diputados. La versión reformulada, según Europa Press, salió adelante en la Mesa con los votos de PSOE y Sumar y la abstención del PP. El cambio no es menor: el texto ya no intenta forzar un trámite inmediato sobre Feijóo, sino impulsar reformas legislativas para obligar al líder de la oposición a informar de todo su patrimonio y de sus retribuciones en renta o en especie.
El origen de la pelea está en las insinuaciones de Pedro Sánchez a finales de junio, cuando sugirió que Feijóo no declara adecuadamente cómo paga la vivienda del barrio madrileño de El Viso y apuntó a que, si el PP asumiera gastos, debería constar como retribución en especie. Feijóo respondió que esa vivienda la paga él junto con la madre de su hijo. Ese es el punto que no conviene saltarse: no hay una resolución que diga que el líder del PP haya incumplido la ley. Hay una batalla política sobre transparencia, patrimonio y ejemplaridad.
La jugada socialista tiene bastante de espejo. Después de meses en los que el PP ha usado los casos del entorno de Sánchez como ariete, el PSOE busca colocar a Feijóo bajo una luz parecida: si quieres fiscalizar, acepta ser fiscalizado. Es una táctica dura, pero no necesariamente ilegítima. La democracia no exige transparencia solo a quien gobierna; también a quien pide gobernar.
La derecha tiene un argumento razonable cuando denuncia que el PSOE intenta desplazar el foco de sus propios problemas judiciales. Lo intenta, claro. La política no es un seminario de ética, es una pelea por encuadrar la realidad. Pero esa defensa se queda corta si acaba en un “no miren aquí”. Un jefe de la oposición no es un ciudadano cualquiera en términos políticos: aspira a dirigir el Gobierno y su patrimonio debe resistir preguntas sin convertir cada pregunta en persecución.
El nuevo texto, además, eliminó menciones expresas a Feijóo en la exposición de motivos, aunque mantiene la idea de que resulta inadmisible que quien pretende encabezar una alternativa de Gobierno oculte patrimonio, donaciones o apoyos que faciliten un alto nivel de vida. Esa frase es munición política pura. Por eso exige cuidado: una cosa es pedir reglas claras para todos los líderes y otra deslizar sospechas sin prueba cerrada.
La salida limpia sería menos teatral y más útil: actualizar reglas, publicar información suficiente, fijar criterios comunes sobre vivienda, rentas y pagos en especie, y aplicarlo a todos. Al Gobierno, al jefe de la oposición y al último diputado. Porque la transparencia no puede ser un misil que se dispara solo cuando conviene. O vale para todos, o no es transparencia: es campaña con formulario.