La financiación autonómica vuelve al CPFF: Hacienda busca un voto para mover el tablero territorial

La financiación autonómica vuelve a la mesa grande esta semana. Hacienda ha convocado para el miércoles a las comunidades en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el CPFF, con una idea ambiciosa: que el órgano respalde una propuesta de reforma del sistema y que el texto pueda viajar después al Consejo de Ministros y al Congreso. Traducido: el Gobierno quiere convertir una pelea territorial que lleva años atascada en una ley con calendario.

La noticia tiene mucha más chicha que una reunión de consejeros con carpetas. El modelo decide cómo se reparte el dinero con el que las comunidades pagan sanidad, educación, dependencia, transporte o servicios sociales. Es decir, afecta a cosas que la gente toca todos los días, aunque el debate suela esconderse detrás de palabras como suficiencia, ordinalidad o corresponsabilidad fiscal. Aquí la pregunta de fondo es bastante más simple: quién recibe más, quién acepta perder peso relativo y quién paga políticamente la factura.

Según Europa Press, Hacienda quiere someter a votación su propuesta en el CPFF antes de elevarla al Consejo de Ministros y remitirla luego al Congreso. El Gobierno tiene en ese órgano multilateral el 50% de los votos, por lo que solo necesitaría el apoyo de una comunidad para sacar adelante la propuesta. Ese respaldo, apunta la agencia, previsiblemente llegaría de Cataluña. Y ahí empieza el ruido.

Las comunidades gobernadas por el PP llevan meses rechazando que la reforma quede condicionada por el pacto entre PSC y ERC para desarrollar una financiación singular catalana. Su tesis es clara: negociación multilateral, sí; privilegios a una comunidad, no. El Gobierno, en cambio, insiste en que quiere reactivar un modelo caducado y que el nuevo esquema aportaría más recursos a los territorios. La Moncloa defendió el 6 de julio que los recursos del sistema de financiación para las comunidades crecerán más de un 8% en 2027 y alcanzarán el mayor nivel registrado.

El problema para Hacienda es que los números no votan solos. La reforma llega en pleno choque por la condonación parcial de deuda autonómica, que según las informaciones parlamentarias afecta a algo más de 83.000 millones de euros de comunidades de régimen común que lo soliciten. El Congreso rechazó las enmiendas de totalidad de PP y Vox, con Junts alineado esta vez con el bloque que permitió continuar la tramitación. La foto es muy de esta legislatura: el Gobierno puede perder una votación por un lado y salvar otra por el contrario, todo en la misma semana.

Para la izquierda, la reforma es una oportunidad de hablar de servicios públicos sin quedarse en la pancarta. Si las comunidades reciben más recursos, la discusión honesta es cómo se blindan servicios y cómo se evita que cada territorio compita a la baja en impuestos mientras reclama más dinero común. Para la derecha, el flanco es evidente: denunciar una negociación hecha a medida de los socios independentistas y exigir que el reparto no premie a quien tiene más capacidad de presión parlamentaria.

Lo delicado es no vender certezas que aún no existen. No hay una ley aprobada, no hay reparto definitivo y tampoco puede darse por cerrado el apoyo parlamentario. Lo que sí hay es una ofensiva política de Hacienda para mover una pieza central del Estado autonómico justo cuando la legislatura vive pendiente de cada socio. Y eso convierte el CPFF del miércoles en algo más que una reunión técnica: será una prueba de fuerza territorial con las cuentas públicas como tablero.