Fiscalía: 23 agresiones sexuales en Ceuta y solo ocho autores identificados

Cuando la frontera se desborda, el primer titular suele ser el del número de llegadas. El segundo, si llega, es el de las camas. El tercero —el que duele de verdad— es el de las víctimas. La Fiscalía de Ceuta ya contabiliza 23 procedimientos abiertos por agresiones sexuales desde la oleada migratoria de finales de julio. No es un rumor de barra: es el dato del ministerio público.

De esos 23 casos, cinco se investigan como violaciones —agresiones con penetración— y el resto como agresiones sin penetración. Nueve de las víctimas son menores de entre 14 y 17 años, todas migrantes. Una de las víctimas pertenece al colectivo LGTBI. Y aquí viene el otro número que la derecha no va a dejar pasar: solo hay ocho presuntos autores identificados. Cuatro marroquíes, tres españoles y un belga. El resto, de momento, sin rostro procesal.

La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, había dejado la semana pasada, en su visita a Ceuta, una cifra inferior: 16 agresiones y 17 víctimas desde el cruce masivo. El salto a 23 no es un matiz de gabinete. Es la fotografía de una ciudad autónoma saturada, con juzgados al límite y una crisis que entró por la frontera y se está quedando en los expedientes.

Lo que dice el dato — y lo que no dice

El dato no autoriza a convertir a decenas de miles de personas en una sola sospecha colectiva. Eso sería basura moral y, además, mala policía. Lo que sí autoriza es una lectura dura y legítima: sin control de frontera, sin identificación ágil y sin capacidad judicial suficiente, la impunidad crece. Y la impunidad no es un eslogan de tertulia; es una menor de 14 a 17 años esperando que el sistema la proteja de verdad.

Las fuentes del ministerio público señalan además un incremento de delitos contra el patrimonio y de atentado o resistencia a agentes durante la crisis. No hace falta inventar una película. Basta con leer la agenda de los juzgados. El TSJA y el CGPJ ya han tenido que reforzar el Tribunal de Instancia de Ceuta, incluida el área de Violencia sobre la Mujer, con una comisión de servicio de al menos seis meses. Cuando el poder judicial manda refuerzos de urgencia, el problema ha dejado de ser “percepción”.

La política mira a otro lado… hasta que no puede

Mientras Moncloa discute si hubo redes extranjeras, si Marruecos cooperó o si el Rey debe visitar la ciudad, en Ceuta se acumulan denuncias de agresiones sexuales. El Gobierno puede pelear el relato geopolítico. Lo que no puede hacer es pedir paciencia a las víctimas porque el marco diplomático sea incómodo.

Tampoco vale el atajo contrario: usar cada denuncia para blindar un discurso de expulsión masiva sin debido proceso. El Estado de derecho no elige entre frontera y garantía; si elige, pierde las dos. Pero sí elige prioridades. Y hoy la prioridad obvia es identificar a los agresores, proteger a las víctimas —sobre todo menores— y dejar de tratar la seguridad de Ceuta como un capítulo secundario del debate sobre quién tiene razón en Bruselas o en Rabat.

La cifra de más de 80.000 entradas en apenas 48 horas ya marcó el tamaño del shock. La cifra de 23 agresiones sexuales marca su reverso íntimo. Una sociedad seria no discute si eso “ensucia el relato”. Lo investiga, lo juzga y lo previene. Lo demás es ruido.