Hay reformas que suenan bien en la nota de prensa y mal en el despacho de un fiscal. La Memoria de la Fiscalía de 2025, recogida por El Confidencial, describe una de esas: el rediseño de la asistencia jurídica gratuita ligado a la ley de eficiencia impulsada por el ministerio de Justicia de Félix Bolaños ha dejado un agujero justo donde más duele —en la defensa de menores víctimas de delitos graves.
No es un titular de campaña. Es el ministerio público el que habla de una “evidente disfunción del sistema de protección de las víctimas” y de riesgo de desamparo. Cuando la Fiscalía escribe eso en su memoria anual, el debate deja de ser de eslóganes y pasa a ser de derechos básicos: un niño o una niña que entra en el proceso penal como víctima no debería depender del saldo de la cuenta familiar para tener abogado desde el minuto uno.
Lo que cambió (y lo que se quedó fuera)
Según el relato periodístico basado en la Memoria, la nueva redacción buscaba reforzar la protección en un catálogo muy sensible: delitos contra la libertad sexual, mutilación genital femenina o acoso sexual. El problema no es que se proteja eso —faltaría más—. El problema es el reverso: al reordenar el derecho a la gratuidad automática, quedaron fuera otros delitos graves que también machacan a menores.
La modificación, siempre según esa lectura de la Memoria, elimina el derecho a obtener asistencia gratuita de forma automática por el solo hecho de ser víctima menor de edad, con independencia de los recursos económicos. Traducción práctica: ya no basta con ser menor y víctima. Hay que encajar en el tipo penal “correcto” o pelear el acceso por otras vías. En familias con poco colchón, eso no es un matiz técnico. Es la diferencia entre llegar acompañado al juzgado o llegar solo.
La Fiscalía de Sala Delegada para la Protección y Tutela de las Víctimas en el Procedimiento Penal —cargo que ostenta Teresa Peramato— no se limita a constatar el lío. Pide al Gobierno que modifique de manera urgente el precepto y restablezca el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita para las personas menores de edad víctimas de delitos graves. Urgente. No “lo miramos en la próxima legislatura”.
No es un debate abstracto: hay cifras de daño
La propia Memoria, siempre según la información publicada, apunta datos que deberían quitar el sueño a cualquiera que hable de infancia con seriedad. El acoso escolar, por ejemplo, aparece con un crecimiento del 17,64% hasta 1.407 casos incoados en 2025. No son “conflictos de patio” para un tuit solidario: son procedimientos donde un menor necesita alguien que sepa leer el expediente, pedir medidas y no rendirse a la primera dilación.
Si el Estado se pone estupendo con la eficiencia procesal y, de paso, estrecha el acceso automático a defensa para parte de esas víctimas, el mensaje es demoledor: modernizamos el reloj y olvidamos a quien llega herido a la sala de espera.
Eficiencia sin medios, y choque de competencias
La Fiscalía no solo señala el agujero de la gratuidad. También critica un choque de competencias entre las secciones de Violencia sobre la Mujer y las de violencia contra la infancia o menores, derivado del mismo paquete de eficiencia. Cuando dos puertas se pisan, el expediente de un menor puede acabar dando vueltas mientras el daño sigue en casa y en el instituto.
Y hay un contexto que conviene no maquillar: la ley de eficiencia entró en vigor en los últimos meses de 2025. La Memoria de ese año apenas recoge resultados de implantación. Los juzgados, dice el relato, asumieron retos y limitaciones sin la dotación de más medios que el discurso de la modernización suele prometer. Eficiencia sin refuerzo es, muchas veces, solo prisa con otro nombre.
El listón político es simple
Se puede discutir el diseño de la justicia, los turnos de oficio, los umbrales de renta y el mapa de juzgados. Lo que no debería discutirse es si un menor víctima de un delito grave tiene o no un abogado sin pasar por el aro del “a ver si te toca en el catálogo”. Un Gobierno que se presenta como escudo de la infancia no puede contestar a la Fiscalía con silencio administrativo.
Nadie está diciendo aquí —porque la fuente no lo dice— que Bolaños se sentara a desproteger niños a propósito. Eso sería inventar intención. Lo que sí dice el ministerio público es que el efecto de la norma genera disfunción y puede producir desamparo. En política útil, eso se traduce en una sola pregunta: ¿cuándo se corrige el articulado?
Mientras tanto, cada semana que pasa con el agujero abierto es una semana en la que la “protección de las víctimas” suena mejor en el BOE que en la vida real. La Fiscalía ya ha hecho su parte: lo ha escrito. Ahora toca que Justicia deje de vender eficiencia y empiece a tapar el descosido.