La Fiscalía ha metido una advertencia muy incómoda en la bronca territorial por Ceuta: si una comunidad rechaza acoger a los menores migrantes que le correspondan, actuará. No es un matiz menor. En los últimos días, el debate ha saltado de la emergencia humanitaria al pulso entre partidos, con Vox apretando al PP en las autonomías donde gobiernan juntos o se necesitan. La Fiscalía recuerda algo bastante básico: los menores no son una papeleta de primarias ni una herramienta para quedar duro en redes.
Europa Press y elDiario.es publicaron este viernes que el Ministerio Fiscal intervendrá si las comunidades autónomas se niegan a cumplir el reparto de menores procedentes de Ceuta. La noticia llega después de que varias informaciones situaran al PP intentando sostener un equilibrio difícil: marcar distancia con el Gobierno central, no romper con Vox y, a la vez, admitir que las comunidades deben cumplir la ley.
La ley no debería depender del ruido
En una democracia normal, acoger menores bajo un reparto acordado por las instituciones no debería presentarse como una concesión ideológica. Puede discutirse la financiación, los recursos disponibles, los plazos, la capacidad de los centros y la coordinación entre administraciones. Todo eso es política seria. Lo que no encaja es convertir a chicos y chicas vulnerables en un símbolo de obediencia o rebeldía partidista.
La advertencia de la Fiscalía coloca un límite. Las comunidades tienen margen para exigir medios, pedir información y denunciar improvisación si la hay. Pero no para tratar una obligación legal como si fuera una recomendación simpática que se acepta o se rechaza según convenga al relato del día.
El PP atrapado entre gobierno y Vox
El Partido Popular tiene aquí un problema que ya conoce. Cuando gobierna comunidades, deja de ser solo oposición. Tiene expedientes, servicios sociales, presupuestos, menores tutelados y obligaciones concretas. Vox, en cambio, puede presionar desde fuera o desde dentro con una fórmula mucho más simple: decir no, pedir mano dura y acusar de traición al que gestione.
Ese choque se ha visto en la crisis de Ceuta. Vox quiere convertir la acogida en una prueba de pureza. El Gobierno quiere cargar sobre las autonomías parte de la respuesta. Y el PP intenta no aparecer ni como insumiso ni como socio dócil de Moncloa. La Fiscalía, al avisar de que actuará si hay rechazo, pincha la burbuja del postureo: se puede protestar, pero incumplir puede tener consecuencias.
Humanidad no significa ingenuidad
Conviene decirlo claro para que nadie venda caricaturas. Reconocer derechos de menores migrantes no implica negar la presión real que sufre Ceuta, ni fingir que las comunidades tienen recursos infinitos. La ciudad autónoma ha vivido una situación extraordinaria y el sistema de protección no se estira por arte de magia. Si el Estado reparte, debe acompañar con dinero, coordinación y transparencia.
Pero esa exigencia de medios no puede convertirse en coartada para desentenderse. Los menores migrantes no dejan de ser menores porque incomoden a una rueda de prensa. Y una comunidad autónoma no se libra de sus obligaciones porque un partido le grite desde la derecha que acoger es rendirse.
La línea roja es usar niños como munición
La política española lleva días compitiendo por quién coloca la frase más dura sobre Ceuta. En ese clima, la intervención fiscal funciona como recordatorio institucional: hay un suelo legal por debajo del cual no se debería bajar. Se pueden fiscalizar las decisiones del Gobierno. Se puede pedir comparecencias. Se puede exigir a Interior, Exteriores, Defensa o Derechos Sociales que expliquen qué pasó y qué plan tienen. Lo que no se puede es convertir el cumplimiento de la ley en un gesto optativo.
La derecha tiene derecho a plantear un debate duro sobre fronteras. La izquierda tiene la obligación de no refugiarse en palabras bonitas sin resolver la gestión. Pero unos y otros deberían aceptar una cosa: cuando hablamos de menores, la primera frontera no es la de Ceuta. Es la que separa la política legítima de la utilización de personas vulnerables como combustible electoral.