Hay archivos que suenan a trámite. Y hay archivos que suenan a mensaje. El de la denuncia del general de división Fernando Mora contra el teniente general Luis del Castillo —hoy Mando de Operaciones de la Guardia Civil— entra en la segunda categoría: se archiva la causa y la Fiscalía Togada vuelve a la carga para decir, por segunda vez, que hace falta al menos una investigación mínima.
No es un debate de tertulia sobre “tensionar instituciones”. Es un choque interno en la cúpula sobre si se puede apretar a un mando por no sumarse a un boicot político… y que eso quede en nada sin ni siquiera instruir.
Qué se denunció, sin adornos
Según el relato al que ha tenido acceso ABC, Mora denunció a Del Castillo por posibles delitos de vejaciones, coacciones y abuso de poder. El núcleo del asunto no es un despiste de agenda: es la orden, cuando Mora era general jefe de la zona de Madrid, de no acudir a los actos institucionales del Día de la Comunidad de Madrid, el 2 de mayo de 2025. Es decir, ausentarse del ritual institucional en la fecha grande de Madrid. El contexto político de aquel boicot a Isabel Díaz Ayuso no es un rumor de pasillo: era la pelea del día.
El diario publicó además una grabación sobre cómo se trasladó la orden. La Fiscalía Togada no está pidiendo una condena por titular: pide que se esclarezcan hechos que, a su juicio, podrían ser delictivos. Matiz importante. En España todavía existe eso de investigar antes de absolver por agotamiento.
La Fiscalía Togada se adhiere: segunda llamada a investigar
El 2 de septiembre, el fiscal togado José María Sánchez Sánchez presentó un escrito adhiriéndose al recurso de Mora contra el archivo de julio. Solicita otra vez una “investigación mínima” capaz de aclarar lo denunciado. No es un brindis. Es el ministerio público militar diciendo que el carpetazo se adelantó al trabajo.
El recurrente habla de “palmaria indefensión”: se archiva sin tomar declaración a las partes y sin esa instrucción mínima. Si la mitad del debate público exige “respeto a los jueces” cuando molesta al Gobierno, también debería exigir que un archivo no convierta la jerarquía armada en zona opaca cuando el roce es con la presidenta de Madrid.
El archivo de la Sala y el tono de la descalificación
La Sala Quinta del Supremo —competente por el aforamiento de Del Castillo— ya desoyó un primer informe de la Fiscalía Togada y archivó al considerar la denuncia improcedente. El fiscal, en este segundo round, rebate la idea de que todo se explique por una “relación de confianza, familiaridad y compañerismo” entre mando y subordinado. También empuja contra el argumento del retraso de un año en denunciar: el tiempo no es, por sí solo, una máquina de borrar indicios.
En la cobertura de ABC sobre el archivo se subrayó además la dureza del listón: la sala llegó a restar valor delictivo, en el marco militar, a expresiones de una violencia verbal extrema atribuida al conflicto. Se puede debatir el umbral penal. Lo que cuesta vender es que un choque de este calibre —orden de no pisar un acto institucional ligado a un boicot político— merezca cero instrucción.
El mismo medio señala que entre los tres magistrados de la sala que archivó figura Clara Martínez de Careaga, esposa de Cándido Conde-Pumpido. Constatar la composición del tribunal no es acusar de amaño. Es información pública relevante en un país hiperpolitizado, donde todo el mundo mide las afinidades con lupa… excepto cuando la lupa molesta.
Por qué importa fuera del cuartel
Si un general denuncia coacciones por negarse a vaciar de presencia institucional un acto de la Comunidad de Madrid, el asunto deja de ser “ruido interno de la Guardia Civil”. Pasa a ser una pregunta de Estado menor, pero tóxica: ¿puede la política de bloqueo a Ayuso filtrarse en la cadena de mando hasta el punto de convertir la ausencia en disciplina?
La respuesta liberal-conservadora no debería ser mitología de héroes. Debería ser procedimiento. Investigación mínima. Declaraciones. Hechos. Si Del Castillo no tiene caso, que se demuestre instruyendo. Si lo tiene, que no se diluya en familiaridades de despacho. Archivar a ciegas no neutraliza el conflicto: lo envenena.
España lleva años discutiendo si el poder político hostiga a jueces o si los jueces hostigan al poder. Mientras tanto, en la jurisdicción militar, la Fiscalía Togada está diciendo algo más prosaico y más grave: aquí hay indicios que merecen al menos mirarse de frente. Ignorar esa voz porque el nombre de Ayuso pone nervioso a medio Madrid no es centrismo. Es comodidad.