El Consejo de Ministros ha aprobado la creación de 700 plazas para jueces y fiscales, según informó Europa Press. El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, aseguró además que esas plazas estarán trabajando a finales de año. En un país donde cada pleito parece envejecer como un vino malo, la cifra tiene gancho.
La medida llega en plena guerra política sobre la justicia: acusaciones cruzadas de bloqueo, reproches por la politización de los órganos judiciales y una conversación pública cada vez más contaminada por causas con apellidos. En ese ruido, 700 plazas nuevas son una promesa muy concreta: más manos para juzgados y fiscalías que llevan años pidiendo oxígeno.
Más jueces no arreglan todo, pero sin jueces no hay milagro
Desde una lectura institucional, el Gobierno acierta al poner recursos sobre la mesa. La justicia lenta no es solo un problema de abogados y procuradores. Es un problema de ciudadanos que esperan una sentencia laboral, de familias atascadas en procedimientos, de empresas que no saben a qué atenerse y de víctimas que ven cómo el calendario también castiga.
Ahora bien, conviene no vender humo. Crear plazas no equivale automáticamente a desatascar juzgados en dos tardes. Hace falta que lleguen donde más falta hacen, que haya medios materiales, funcionarios, sistemas informáticos decentes y una organización que no convierta cada refuerzo en otra carpeta perdida. Si no, la política se apunta el tanto y el ciudadano sigue esperando.
La promesa de que estarán trabajando a finales de año es ambiciosa y medible. Eso es bueno: permite volver dentro de unos meses y comprobar si se cumplió o si fue otra frase de rueda de prensa. En justicia, lo que no se puede medir suele acabar en ceremonia.
La derecha debería aplaudir esto, aunque le moleste Bolaños
Desde una mirada liberal-conservadora, reforzar juzgados y fiscalías debería ser una prioridad elemental. Un Estado que tarda años en resolver conflictos es caro, arbitrario y desesperante. La seguridad jurídica no se defiende solo con grandes discursos sobre la Constitución: se defiende con juzgados que funcionen y con fiscales que no estén enterrados bajo montañas de papel.
Otra cosa es que el Gobierno intente envolver la medida en su relato contra una justicia que considera deteriorada por determinados usos políticos y por la ofensiva de acusaciones populares. Ahí el debate se envenena. El Ejecutivo tiene derecho a defender su reforma; la oposición tiene derecho a desconfiar. Pero las 700 plazas no deberían quedar atrapadas en esa bronca como si fueran una pancarta más.
El listón editorial es simple: si las plazas llegan, si refuerzan órganos saturados y si se nota en los tiempos, será una buena noticia aunque la anuncie un ministro al que media derecha no soporta. Si no llegan o se reparten mal, será propaganda con toga. La justicia no necesita más épica. Necesita menos cola.