El 18 de julio no es barra libre: el Gobierno permite la marcha franquista, pero avisa de sanciones

La Delegación del Gobierno en Madrid ha elegido una línea fina pero importante: no prohibir una concentración anunciada para este 18 de julio en la Plaza de Moncloa, y a la vez recordar a sus organizadores que exaltar el franquismo puede salir caro. Según la información publicada por Servimedia y recogida por La Vanguardia, la convocatoria llega justo cuando se cumplen 90 años del golpe militar de 1936.

Los promotores comunicaron una reunión entre las 11.00 y las 13.30 horas, con una previsión aproximada de 500 asistentes, bajo el lema “Álzate por la defensa de la historia”. La Delegación, dirigida por Francisco Martín, tomó conocimiento de la concentración, pero incluyó una advertencia: la Ley de Memoria Democrática permite actuar contra actos públicos que humillen a las víctimas o ensalcen la sublevación militar, la guerra, la dictadura o a quienes sostuvieron el régimen.

Prohibir no era el camino fácil, vigilar tampoco es postureo

La decisión tiene más chicha de la que parece. En democracia, una concentración no se prohíbe porque incomode. La regla general es permitirla salvo razones muy tasadas de seguridad o riesgo para personas y bienes. Pero permitir no significa mirar hacia otro lado. Si una convocatoria usa la calle para convertir un golpe contra un gobierno constitucional en una fiesta nostálgica, el Estado tiene herramientas para responder.

Ahí está el punto político. La memoria democrática no debería funcionar como una ceremonia de domingo, con flores, discursos y cero consecuencias. Si la ley dice que humillar a las víctimas o glorificar una dictadura es sancionable, la advertencia previa evita la excusa habitual: “nadie nos dijo nada”. Sí se dijo. Y por escrito.

El 18 de julio no es una opinión cualquiera

Hay quien intentará venderlo como una pelea entre libertad de expresión y censura. Conviene no tragarse el marco entero. Defender una interpretación histórica, por discutible que sea, no es lo mismo que exaltar una dictadura ni burlarse de quienes la sufrieron. La libertad de reunión protege muchas cosas, también discursos desagradables. Pero no convierte en intocable cualquier apología pública de un régimen represivo.

La izquierda tiene aquí una responsabilidad doble: exigir que la ley se cumpla y no convertir cada provocación en un circo que regale altavoz gratis a cuatro nostálgicos. El Estado debe actuar con cabeza fría: identificar hechos, no intenciones; sancionar conductas concretas, no camisetas feas; y recordar que las víctimas no son decoración de campaña.

La derecha democrática, por su parte, haría bien en no esconderse detrás del “son cosas del pasado”. El 18 de julio no fue una travesura de cuartel. Fue el arranque de una tragedia política y humana. Quien quiera gobernar España sin complejos debería poder decir algo tan sencillo como esto: una democracia no celebra a quienes intentaron destruirla.