El Gobierno entra en la última parte del curso político sin Presupuestos nuevos y con una aritmética parlamentaria que ya no disimula sus grietas. La escena no es nueva, pero se está volviendo más pesada: cada votación importante funciona como prueba de vida de una mayoría que nació ajustada y que ahora llega a verano con Junts en modo portazo, PP y Vox alineados en el desgaste y el Ejecutivo intentando vender resistencia como si fuera estabilidad.

El Confidencial resume el estado de la legislatura con una cifra incómoda: casi 40 votaciones perdidas en los últimos siete meses. El dato agrupa derrotas en decretos, proposiciones, mociones y trámites parlamentarios, y llega después del segundo rechazo a la senda de estabilidad, el paso previo para poder tramitar los Presupuestos Generales del Estado. El Gobierno mantiene que llevará las cuentas tras el verano; la pregunta es con qué votos piensa hacerlo.

Desde la derecha, la lectura es bastante directa: Sánchez sigue en La Moncloa, pero ya no gobierna con mando parlamentario fiable. Puede aprobar algunas normas, sí, pero cada iniciativa grande pasa por una tómbola de socios. Junts ha dejado claro que sus votos no son una tarifa plana. El PP no tiene incentivos para rescatar al Ejecutivo. Vox juega a convertir cada derrota en plebiscito contra el presidente. Y el Gobierno, mientras tanto, administra el tiempo como si alargar la legislatura fuese un logro en sí mismo.

elDiario.es ofrece la otra cara del tablero: el Ejecutivo llega al tramo final sin Presupuestos, con pocas certezas y con los tribunales marcando parte del paso político. Ese enfoque recuerda algo que la oposición suele borrar del encuadre: la legislatura no está muerta mientras no haya una mayoría alternativa para tumbarla. Pero tampoco está sana solo porque el presidente conserve el BOE, el Consejo de Ministros y la capacidad de elegir fecha electoral.

La diferencia entre resistir y gobernar se nota en las consecuencias prácticas. Sin Presupuestos, el país funciona con cuentas prorrogadas y parches. Eso afecta a ministerios, comunidades, inversiones, ayudas y prioridades públicas. No todo se paraliza, pero casi todo se vuelve más lento, más negociado y más opaco. La política empieza a vivir de excepciones: un decreto aquí, una transferencia allá, una negociación de madrugada con quien ayer te dejó tirado.

El calendario del Congreso tampoco apunta a una gran reanimación inmediata. La agenda oficial de la Cámara para la semana del 27 de julio al 2 de agosto apenas recoge actividad extraordinaria y el grueso del choque presupuestario queda para después del verano. Es decir: el país se marcha a agosto con los deberes grandes sin hacer. A la vuelta esperarán la senda fiscal, las cuentas, los socios, la oposición y una pregunta que cada mes suena menos retórica: ¿hay legislatura para aprobar algo central o solo para sobrevivir?

La derecha tiene motivos para apretar, pero también una responsabilidad: no puede denunciar bloqueo y celebrar cada bloqueo como victoria patriótica sin explicar qué alternativa ofrece más allá de esperar elecciones. El Gobierno, por su parte, tampoco puede pedir estabilidad como quien exige fe. Si quiere Presupuestos, tendrá que enseñar cesiones, números y aliados. Si no los tiene, lo honesto sería admitir que gobierna en modo mínimos.

La foto de fondo es esta: España no está ante una caída automática del Ejecutivo, sino ante una legislatura adelgazada. Aguanta, pero cada vez levanta menos peso. Y cuando un Gobierno se acostumbra a contar derrotas como parte del paisaje, el problema ya no es solo parlamentario. Es de autoridad.