El Gobierno ha decidido llevar a Bruselas una frase con pinta de ultimátum: España no podrá aceptar nuevas lenguas oficiales en la UE si antes no se aprueba la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego. La reivindicación puede discutirse en serio. El método, también. Porque esto no cae del cielo cultural: viene con una etiqueta política muy visible, la del acuerdo con Junts de agosto de 2023.
Desde entonces, el Ejecutivo repite que la oficialidad es cuestión de tiempo. El problema es que en la Unión Europea no basta con desearlo. Hace falta unanimidad de los Veintisiete y esa unanimidad no existe. Por eso España ha evitado llevar el asunto a una votación que pudiera dejar la petición derrotada sobre la mesa.
Una causa identitaria convertida en palanca exterior
Exteriores sostiene que la ampliación europea traerá nuevas lenguas al reglamento y que sería incoherente admitirlas sin resolver antes la carpeta española. Es un argumento hábil, pero también revela la incomodidad del momento: una prioridad pactada para sostener la legislatura acaba condicionando la posición de España ante sus socios europeos.
La derecha puede reconocer una cosa sin tragar con la otra. Que catalán, euskera y gallego tienen peso cultural y político es evidente. Que España deba transformar esa cuestión en un posible freno diplomático a la ampliación europea ya es otra historia. Más todavía cuando el Gobierno insiste en que apoya firmemente esa ampliación.
El 22 de septiembre medirá la fuerza real
El asunto volverá al Consejo de Asuntos Generales el 22 de septiembre, aunque no se espera un debate de fondo. Será, sobre todo, una prueba de presión. Madrid quiere que los socios muevan una carpeta que llevan años dejando en la pila de “más adelante”.
El riesgo es que el órdago refuerce justo la sospecha que perjudica a España: que no se está discutiendo solo política lingüística, sino supervivencia parlamentaria doméstica empaquetada como europeísmo. Y en Bruselas, cuando una capital mezcla su aritmética interna con el reglamento común, los demás suelen pasar de la simpatía al cálculo.
Hay además un precedente peligroso para la propia España: si cada prioridad doméstica se convierte en moneda de negociación europea, mañana otro socio podrá hacer lo mismo con un asunto que afecte directamente a nuestros intereses. La unanimidad, que ya paraliza demasiadas decisiones, no mejora si cada capital llega a Bruselas con su lista de supervivencia política.
La salida adulta sería otra: defender la oficialidad con memoria económica, garantías técnicas y diplomacia sostenida, no con una amenaza que permite a la oposición resumirlo todo en una palabra —Junts— aunque el debate lingüístico sea mucho más amplio. El Gobierno tiene derecho a empujar. Lo que no tiene es derecho a confundir presión con improvisación.