Hay decisiones que no se miden en páginas de BOE, sino en estómago. El Gobierno vasco ha concedido el tercer grado a Henri Parot, uno de los etarras con el historial más negro de la banda. Covite lo ha dicho sin anestesia: lo considera un beneficio “fraudulento” a un terrorista condenado por el asesinato de 39 personas.
Parot no es un nombre cualquiera en el archivo del terror. Integrante del comando Argala, acumula condenas cercanas a los 4.800 años de prisión por asesinatos, tentativas, lesiones, estragos, detenciones ilegales, armas y pertenencia a banda armada. Entre sus crímenes está la matanza de la casa cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza (1987): once muertos, cinco de ellos niños, y 88 heridos. Cuando se habla de “progresión de grado”, conviene no olvidar esa foto.
Qué ha pasado y por qué duele
Según el relato de las víctimas, el Ejecutivo autonómico flexibiliza de nuevo la condena de un preso de ETA apoyándose en escritos privados y formulaciones genéricas contra la violencia, no en un arrepentimiento público, real y verificable. Consuelo Ordóñez, presidenta de Covite, sostiene que Parot no ha mostrado una ruptura clara e inequívoca con ETA ni con el entorno que legitimó sus crímenes.
La Voz de Galicia añade un dato que empeora el malestar: Parot ya disfrutaba de un régimen de semilibertad desde julio del año pasado al aplicársele el artículo 100.2. El tercer grado no nace de la nada; es un escalón más en una escalera que las víctimas llevan años denunciando como vaciado penitenciario por la puerta de atrás.
Ordóñez va más lejos y habla de una “amnistía encubierta”: no reinserción exigente, sino política puesta al servicio de vaciar cárceles de etarras sin el peaje moral del arrepentimiento. Para Covite, es otra consecuencia del final negociado de ETA que las víctimas arrastran desde 2011.
La pregunta que el eufemismo no contesta
Se puede discutir técnica penitenciaria. Se puede invocar reinserción, informes, tiempos cumplidos. Lo que no se puede hacer es convertir 39 asesinatos y una casa cuartel llena de niños muertos en un trámite administrativo con olor a normalidad. Si el Estado de derecho exige pruebas para condenar, también debería exigir señales inequívocas antes de devolver a la calle, aunque sea a medias, a quien dinamitó la vida de decenas de familias.
El Gobierno vasco tiene competencias y las está usando. Esa es precisamente la denuncia política: que la competencia se ejerce en una dirección —alivio sistemático a la nómina de ETA— mientras el relato oficial habla de “convivencia”. Convivencia no es tragarse en silencio cada progresión de grado a los peores historiales. Convivencia es memoria con consecuencias.
Hoy no hay que inventar nada. Hay un nombre, un comando, una cifra de víctimas y una asociación de damnificados gritando que el papel lo arregla todo menos el daño. Si el tercer grado a Parot es legal, que lo demuestren con transparencia y con un listado claro de requisitos cumplidos. Si es solo inercia política, entonces Covite no exagera: estamos ante el hábito de cerrar el terrorismo por la vía de olvidar a quién mató.