El Ministerio de Igualdad ha puesto en marcha un sistema para seguir y controlar qué pasa con las medidas acordadas en los comités de crisis por asesinatos machistas. La nota difundida por Moncloa este 5 de agosto habla de 74 recomendaciones, repartidas en nueve categorías, con identificación de las administraciones o instituciones que deben desarrollar cada una. Traducido: menos acta solemne y más lista de tareas con responsable asignado.

La idea llega después de meses de presión política y social por la violencia machista. Igualdad ya había incorporado recomendaciones de esos comités al mecanismo de seguimiento, según Europa Press, y ahora presenta el sistema como una herramienta para comprobar si las conclusiones no se quedan dormidas en un cajón. Es una noticia administrativa, sí, pero con una pregunta muy poco administrativa detrás: cuando una mujer muere asesinada, ¿el Estado aprende algo concreto o solo vuelve a condenar lo evidente?

La burocracia también puede salvar, si deja rastro

Desde una lectura progresista, el movimiento va en la dirección correcta: las políticas contra la violencia machista no pueden depender de la indignación de una semana. Hace falta memoria institucional. Hace falta saber qué recomendó cada comité, quién debía aplicarlo, en qué plazo y con qué resultado. Si no, España encadena minutos de silencio mientras repite los mismos fallos de coordinación, protección y seguimiento.

Ahora bien, un cuadro de mando no protege por sí solo a nadie. Puede servir para ordenar, medir y exigir. Pero si detrás no hay juzgados ágiles, servicios sociales con medios, policías formados, recursos autonómicos suficientes y una evaluación honesta de los errores, el sistema será otra pantalla bonita para una tragedia vieja. El dato importante no será cuántas recomendaciones caben en la aplicación, sino cuántas cambian decisiones reales.

El riesgo de vender control donde aún hay promesa

La prudencia factual importa. No se puede afirmar que esta herramienta vaya a reducir asesinatos, porque eso aún no está demostrado. Tampoco conviene convertir cada fallo en una acusación automática contra una administración concreta sin expediente que lo sostenga. Lo que sí puede decirse es que Igualdad intenta crear trazabilidad sobre medidas que antes podían dispersarse entre reuniones, comunicados y competencias cruzadas.

La política española suele pelear la violencia machista en dos trincheras bastante previsibles: unos quieren hablar de machismo estructural y otros de seguridad, reincidencia o gestión. Pero las víctimas no necesitan un bando ganador en tertulia. Necesitan que si una recomendación se aprueba, alguien la cumpla; y que si no se cumple, alguien tenga que explicarlo. Menos épica, más seguimiento. Menos cartel, más expediente vivo.

Fuentes y contexto