El IMV ya protege a 2,6 millones: la red mínima que algunos llaman “paguita” sostiene a más de un millón de menores

El Ingreso Mínimo Vital llegó en junio a 860.458 hogares en los que viven 2.627.344 personas, según la estadística del Instituto Nacional de la Seguridad Social citada por La Moncloa. La prestación media fue de 507 euros al mes por hogar y la nómina mensual ascendió a 465,7 millones. Son números fríos para hablar de algo bastante menos frío: llegar a fin de mes cuando el suelo se abre bajo los pies.

El dato político más importante no está solo en el total. Está en quién aparece dentro de esa red. La Moncloa señala que 1.070.918 niños, niñas y adolescentes son beneficiarios, casi el 41% del total, y que cerca del 70% de los hogares que perciben el IMV tienen menores a cargo. Dicho sin barniz administrativo: esta ayuda se ha convertido en una pieza central contra la pobreza infantil.

Cuando la derecha habla de paguita, conviene mirar la casa

Desde una mirada progresista, la discusión sobre el IMV suele revelar mucho más que una disputa presupuestaria. Hay quien lo reduce todo a la caricatura de la “paguita”, como si vivir con 507 euros medios por hogar fuese una especie de plan de vacaciones permanente. Es una forma cómoda de no mirar a la familia monoparental, al alquiler que no espera, al frigorífico que se vacía o al niño que no puede aplazar sus zapatillas hasta que el mercado se autorregule.

Eso no significa que el IMV deba quedar fuera de control. Al contrario: una política social seria necesita datos, evaluación y puertas de salida hacia empleo digno cuando sea posible. Pero evaluar no es humillar. Revisar no es sospechar por sistema. Y proteger no es regalar. En un país con sueldos bajos, vivienda disparada y desigualdad territorial, la red mínima no es un lujo moral: es el suelo para que la vida no se rompa del todo.

La pobreza infantil no espera a la próxima legislatura

La estadística también muestra un perfil muy feminizado: el 68% de titulares son mujeres y el 53,4% de beneficiarios también. Además, hay 144.960 hogares monoparentales, en su mayoría sostenidos por mujeres. Esto importa porque la pobreza no cae de forma abstracta sobre “los hogares”; cae sobre cuerpos concretos, horarios imposibles y cuidados que casi siempre tienen nombre de mujer.

El Complemento de Ayuda para la Infancia refuerza esa lectura. En junio lo recibieron 600.076 hogares, con una ayuda media de 67,1 euros por menor y 122,3 euros por hogar con menores, según la misma nota oficial. No resuelve por sí solo el precio de la vivienda, ni la precariedad laboral, ni el coste de criar. Pero puede marcar la diferencia entre comprar o no comprar, entre apagar una deuda o encadenar otra, entre vivir con miedo o con un poco de margen.

La izquierda tampoco debería conformarse

La defensa del IMV no puede convertirse en autocomplacencia. Si una prestación llega tarde, se atasca en papeles o deja fuera a quien no sabe pelearse con una administración, falla justo donde más falta hace. La política social no se mide solo por titulares y millones: se mide por ventanillas que funcionan, por trámites comprensibles y por familias que no tienen que demostrar cada mes que siguen siendo pobres.

Por eso la noticia tiene dos lecturas a la vez. Una, evidente: el IMV ya protege a millones de personas y especialmente a menores. Otra, incómoda: si tanta gente necesita esa red, el mercado laboral y la vivienda siguen dejando demasiada vida fuera. Celebrar la protección está bien. Pero el objetivo no debería ser administrar mejor la pobreza, sino reducirla. Y ahí es donde empieza la pelea política de verdad.