El Gobierno ha usado el último Consejo de Ministros del curso para mover dos piezas a la vez: ayudas por los incendios y relato climático. La parte concreta importa más que el ruido: los territorios afectados por 211 episodios catastróficos entre el 31 de marzo y el 27 de julio quedan declarados zonas afectadas por emergencia de protección civil, una llave administrativa que abre ayudas por daños personales y materiales, medidas fiscales, laborales, de Seguridad Social y apoyo a infraestructuras locales.
La mayoría de esos episodios son incendios forestales. La lista incluye fuegos recientes en Madrid, Ávila, Toledo y Vall d'Uixó, todavía con trabajos de extinción pendientes cuando Moncloa comunicó la medida, y también el incendio de Los Gallardos, en Almería, donde murieron 14 personas. Aquí conviene bajar la política al suelo: una familia evacuada, una explotación parada o una empresa que no puede abrir no viven de discursos sobre competencias. Necesitan saber quién paga, cuánto tarda y qué derecho tienen si no pueden trabajar.
La novedad laboral es una prestación extraordinaria por “emergencia extrema”. Según el Gobierno, podrán acogerse trabajadores afectados por incendios que impliquen evacuaciones, confinamientos, restricciones de acceso u otras limitaciones decretadas por la autoridad. La ayuda puede durar hasta cuatro meses, no exige cotización mínima y no consume cotizaciones futuras. El País, citando al Ministerio de Trabajo, detalla que la cuantía será el 70% de la base reguladora y que la empresa deberá certificar la suspensión temporal ante el SEPE.
La medida cubre situaciones muy pegadas a la vida real: no poder entrar en casa, tener que limpiarla o reconstruirla, hacer trámites derivados de la emergencia o cuidar a familiares afectados. También se anuncian garantías contra represalias laborales y una ampliación del permiso por fallecimiento relacionado con los incendios. No es una varita mágica. El 70% no sustituye todo un salario y cuatro meses pueden quedarse cortos si una zona queda económicamente tocada. Pero sí marca una idea política: ante una catástrofe climática, el trabajador no debería pagar solo la factura de no poder ir a trabajar.
Ahí aparece el choque ideológico. Sánchez ha vuelto a pedir un Pacto de Estado frente a la emergencia climática y ha dicho que el negacionismo es “el peor de los combustibles”. El PP, por boca de Miguel Tellado unos días antes, lo llamó “comodín” y “propaganda” del presidente después de no haber hecho los deberes a tiempo, y puso el foco en si el Ejecutivo había preparado suficientes medios aéreos.
La crítica sobre medios y prevención es legítima. De hecho, debería ser obligatoria: un pacto climático sin evaluación de recursos, montes, brigadas, coordinación autonómica y prevención sería una postal bonita. Pero negar la dimensión climática de incendios más largos, más intensos y más difíciles de apagar es jugar a taparse los ojos con humo. La discusión útil no es si el Gobierno puede convertir los incendios en un eslogan, sino si España va a construir una política estable antes de que cada verano llegue como una ruleta rusa.
La declaración de zona afectada y la nueva prestación son el primer carril: reparar y proteger. El segundo, mucho más incómodo, es prevenir. Y ahí la política española suele fallar por cansina: cada incendio sirve para acusar al otro durante 48 horas y para olvidarse del monte cuando baja la temperatura. Si el pacto climático quiere ser algo más que una frase de rueda de prensa, tendrá que tocar presupuestos, competencias y responsabilidades. Lo demás será ceniza bien maquetada.