Los incendios han hecho lo que casi nada logra en España: poner a varias administraciones delante del mismo fuego y obligarlas a dejar, aunque sea a ratos, el argumentario en el bolsillo. Interior ha declarado la emergencia de interés nacional en la Comunidad de Madrid y en la provincia de Ávila por la evolución de varios incendios forestales. La decisión llegó después de que Isabel Díaz Ayuso pidiera al Estado la activación del nivel más alto de la escala, la llamada Situación Operativa 3.
La consecuencia práctica es sencilla: el Gobierno central asume la coordinación operativa. Según las informaciones disponibles, la dirección de los trabajos queda en manos de la Unidad Militar de Emergencias, con medios estatales, autonómicos y locales desplegados. No es una medalla política. Es una admisión de gravedad: cuando hay miles de evacuados, núcleos amenazados y fuegos simultáneos, el sistema tiene que funcionar por encima del rifirrafe.
Ayuso pidió mando estatal; Interior terminó activándolo
La Comunidad de Madrid había reclamado la intervención estatal ante unas horas que calificaba de muy complicadas. elDiario.es sitúa en 11.500 las personas desalojadas entre Madrid y Ávila, con más de 10.000 evacuadas en la Comunidad de Madrid según las estimaciones autonómicas recogidas. Los fuegos de Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias y Burgohondo elevaban el riesgo sobre población y patrimonio.
Antes de la declaración, el delegado del Gobierno en Madrid cuestionó públicamente la forma de la petición autonómica y habló de una carta insuficientemente justificada. Horas después, Interior elevó la situación. Esa secuencia deja una enseñanza poco cómoda para todos: la administración no puede permitirse sonar a ventanilla cuando el monte arde. Si falta documentación, se pide. Si la emergencia escala, se actúa. Y si se actúa tarde, la ciudadanía no distingue entre competencias; solo ve humo.
El clima como marco y la gestión como examen
El episodio coincide con el discurso de Pedro Sánchez en Guadalajara, donde visitó las zonas afectadas por el incendio de La Mierla y volvió a pedir un Pacto de Estado contra la Emergencia Climática. Moncloa sostiene que el incendio se ha convertido en el mayor de la historia de Castilla-La Mancha y recoge que el presidente habló de 22 grandes incendios en lo que va de año y de más de 100.000 hectáreas calcinadas, cuatro veces más que el año anterior por estas fechas.
El diagnóstico climático tiene base y no debería despacharse como propaganda. Olas de calor, sequía, estrés forestal y temporadas de fuego más largas obligan a pensar en prevención todo el año, no solo en fotos con casco cuando llegan las llamas. Pero también hay un punto que la derecha va a explotar con razón parcial: un pacto climático no sustituye una gestión eficaz, dispositivos suficientes, limpieza forestal, coordinación rápida y responsabilidades claras.
En otras palabras: hablar de emergencia climática no puede convertirse en coartada para disolver la gestión concreta en una nube moral. Y negar el clima tampoco apaga incendios. La política adulta tendría que poder sostener ambas ideas a la vez: hay una tendencia estructural que agrava el riesgo y hay decisiones administrativas que empeoran o mejoran la respuesta.
El riesgo de convertir el fuego en decorado
Los incendios son terreno fértil para la sobreactuación. Unos intentarán presentar cada hectárea quemada como prueba definitiva de la emergencia climática. Otros querrán reducirlo todo a negligencia del rival o a falta de desbroce, como si el calor extremo y la sequedad fueran detalles menores. Ninguna de las dos versiones sirve por sí sola a quien ha tenido que salir de casa con una bolsa y esperar noticias del pueblo.
Lo exigible ahora es menos grandilocuente y más duro: mando claro, información transparente, medios suficientes, cooperación entre administraciones y una rendición de cuentas posterior que no sea un teatrillo parlamentario. Si el Estado toma el mando, debe demostrar por qué era necesario y qué aporta. Si las comunidades piden ayuda, deben explicar qué recursos tenían, qué falló y qué necesitan cambiar antes del próximo verano.
La emergencia nacional puede ordenar el caos operativo. El pacto climático, si alguna vez pasa de frase a presupuesto, puede reducir riesgos futuros. Pero la ciudadanía juzgará por algo más básico: si las evacuaciones se hicieron a tiempo, si los medios llegaron, si las casas se protegieron y si, cuando baje el humo, alguien aprendió algo.