Inmigración: Europa, devoluciones y el agujero que nadie quiere explicar del todo

La crisis migratoria ha dejado de ser solo una imagen de frontera para convertirse en una pelea completa por el marco político. El Gobierno llega a la reunión europea con un mensaje muy medido: España defenderá que su modelo es “preventivo y no cortoplacista” y pedirá a sus socios más compromiso y más solidaridad ante la inmigración irregular. Dicho en cristiano: Interior quiere vender que no basta con reaccionar cuando ya hay tensión en Ceuta, Canarias o el Mediterráneo, sino que hace falta trabajar antes, con países de origen y tránsito.

El problema es que esa explicación choca con una oposición que ha visto una grieta clara. El PP ha puesto sobre la mesa una reforma de la ley de extranjería para facilitar las llamadas devoluciones “en caliente” en llegadas por mar, después de la interpretación judicial que ha reabierto el debate. Varias informaciones sitúan a los populares lejos de un pacto amplio con el Gobierno. La fotografía, por tanto, no es solo migratoria: es la de dos partidos compitiendo por quién transmite más control sin pagar todos los costes políticos de decir cómo se ejecuta.

Desde una lectura de derechas, la incomodidad para Moncloa es evidente. Pedir solidaridad europea está bien, pero no sustituye a una política de frontera comprensible, previsible y defendible ante los ciudadanos. Si una localidad o una comunidad autónoma soporta presión, la respuesta no puede sonar a rueda de prensa eterna ni a diplomacia del eslogan. Hace falta saber quién manda, qué instrumentos tiene, qué coordinación existe con Marruecos y qué ocurre cuando una entrada irregular ya se ha producido.

Ahora bien, el punto delicado está en no vender magia legal. Las devoluciones en caliente no son un botón rojo que se pulsa sin consecuencias. Hay derecho europeo, jurisprudencia, protección de menores, posibles solicitudes de asilo y responsabilidades internacionales. Prometer “mano dura” sin explicar esas paredes legales es tan engañoso como prometer “gestión integral” sin decir dónde duermen las personas cuando la crisis ya está encima de la mesa.

El Gobierno intenta situar la discusión en la prevención y en el reparto europeo de cargas. El PP intenta llevarla al terreno de la autoridad, la frontera y la exigencia al Ejecutivo. Ambos marcos tienen una parte real y una parte cómoda. La parte real: España no puede gestionar sola un fenómeno que cruza rutas, mafias, países y normas comunitarias. La parte cómoda: Europa tampoco puede servir de coartada permanente para no responder con claridad cuando la presión se concentra aquí.

La pregunta útil para el lector no es si uno es “solidario” y el otro “duro”. Eso es propaganda de baja intensidad. La pregunta es más simple: qué propone cada partido que sea aplicable mañana por la mañana, cuánto depende de Bruselas, cuánto depende de Rabat y cuánto depende de que Interior tenga recursos y criterio. Sin esa traducción práctica, el debate migratorio acaba siempre en el mismo callejón: mucha épica, mucho reproche y muy poca explicación concreta.