El Gobierno ha enviado al Congreso su Proyecto de Ley de Integridad Pública con una promesa que suena bien y llega en el peor escaparate posible: más control sobre partidos, sanciones más duras para empresas corruptoras y nuevas herramientas para recuperar dinero procedente de actividades ilícitas. Sobre el papel, nadie sensato va a defender lo contrario. La pregunta incómoda es si esto será bisturí o maquillaje.

LegalToday y Diario Siglo XXI, con información de Europa Press, recogen que el Consejo de Ministros aprobó el proyecto el 28 de julio y que la norma busca reforzar condenas a empresas por corrupción e incrementar el control sobre los partidos políticos. El Ministerio de la Presidencia también ha informado de una reunión de la comisión interministerial que impulsa el Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción, con referencias al fortalecimiento de la Fiscalía Anticorrupción, al endurecimiento de sanciones y a la recuperación de activos.

La lectura liberal-conservadora empieza por una sospecha razonable: una ley anticorrupción presentada por un Gobierno bajo presión política no merece aplauso automático. Merece examen. No porque toda reforma sea falsa, sino porque España ha visto demasiadas veces cómo los grandes anuncios de regeneración se convierten en titulares de verano, trámites parlamentarios eternos y controles que luego dependen del mismo poder que debería sentirse incómodo.

Hay medidas que, si salen bien escritas, pueden importar mucho. Endurecer la responsabilidad de empresas corruptoras no es un detalle técnico: puede cambiar incentivos en la contratación pública. Mejorar la recuperación de bienes ilícitos tampoco es cosmética si se aplica con dientes. Y aumentar el control sobre partidos toca una zona especialmente sensible, porque los partidos son al mismo tiempo actores vigilados y fabricantes de las reglas de vigilancia.

Ahí está el punto. La integridad pública no se mide por el nombre solemne de la ley, sino por su capacidad de sobrevivir al BOE, al reglamento, al presupuesto y a los nombramientos. Si la Fiscalía Anticorrupción necesita más músculo, habrá que ver medios, independencia práctica y tiempos. Si se prometen controles sobre partidos, habrá que mirar quién controla, con qué datos y qué sanciones reales hay cuando alguien se salta la línea.

También conviene no exagerar lo que todavía no se sabe. Con las fuentes disponibles, no puede afirmarse que la ley vaya a tapar casos concretos, ni que vaya a resolver por sí sola la corrupción en España. Eso sería propaganda, a favor o en contra. Lo que sí puede decirse es que el Gobierno intenta recuperar iniciativa en un terreno donde la credibilidad se gana tarde y se pierde muy rápido.

El Congreso tendrá ahora la oportunidad de hacer algo más útil que posar con cara grave: abrir la norma, comparar sus promesas con sus mecanismos y obligar a que la regeneración no dependa de la fe en quien gobierna. Una ley anticorrupción decente debe estar pensada para molestar al poder de turno, incluido el que la aprueba. Si no molesta a nadie, probablemente no sirve para casi nada.

Fuentes y contexto