Durante semanas el Gobierno ha repetido una idea cómoda: hubo avisos, sí, pero nadie midió la magnitud de lo que venía a Ceuta. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, lo dijo el 28 de agosto en el Congreso. El problema es que esa frase choca ahora con documentos internos que varios medios sitúan en la cadena de mando de Defensa y de la Policía.
El Mundo publica que al menos dos informes de inteligencia alertaron de una “entrada masiva” y de un “colapso inmediato” antes del 30 de julio. No es un matiz semántico. Es el núcleo del choque político: si el Estado disponía de alarmas claras, ¿por qué la frontera se defendió casi a ciegas?
El aviso militar del 27 de julio
Según esa reconstrucción, el Regimiento 32 de Guerra Electrónica del Ejército de Tierra, con sede en Sevilla, elevó el 27 de julio una alerta al CIFAS (Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas). La información de partida, dice el relato periodístico, venía de agentes de frontera marroquíes: se valoraba como “muy probable” una entrada masiva en Ceuta la noche del 29 o el día 30, aprovechando la festividad del Día del Trono en Marruecos.
Ese material no se quedó en un cajón de unidad. El CIFAS lo habría convertido en análisis y lo habría subido por cadena de mando: subdirección, dirección y JEMAD. Traducción política: la tesis de Margarita Robles —hubo inteligencia previa— gana terreno documental. La de Marlaska —no se pudo prever la magnitud— queda más estrecha.
La nota policial del día D: riesgo “EXTREMO”
El segundo aviso clave, siempre según la misma información exclusiva, es una nota del CENIF (Centro Nacional de Inmigración y Fronteras) emitida la mañana del 30 de julio, cuando la presión fronteriza aún no había explotado del todo. El tono no es de matiz académico. Habla de riesgo extremo de colapso “con carácter inmediato” por entradas irregulares en Ceuta y Melilla, con datos de redes y mensajería que hablaban de un llamamiento masivo.
En paralelo, medios generalistas recogen que el propio CENIF describe la entrada en varias oleadas pensadas para saturar primero la contención y después la capacidad de respuesta: jóvenes equipados para el agua al inicio; núcleos familiares después. Eso no demuestra por sí solo una orden de Estado extranjero. Sí describe, en lenguaje policial, una presión planificada en el tiempo.
Nueve guardias y el Ejército al final del día
El contraste operativo es brutal. Mientras llegaban esas alarmas, la cobertura publicada sitúa en la frontera un dispositivo inicial mínimo: apenas un puñado de guardias civiles en tierra y un refuerzo improvisado desde la propia comandancia. El despliegue del Ejército, según esas mismas crónicas, llega tarde. Si los papeles decían “colapso inmediato”, la foto del dispositivo dice otra cosa: contención insuficiente.
Hay un tercer eco difícil de ignorar. La víspera, la Guardia Civil ya hablaba abiertamente —incluso en portada de prensa— de miles de personas esperando cruzar y de falta de colaboración marroquí. No era un secreto de despacho. Era ruido público.
Qué no se puede dar por cerrado
Conviene poner el freno donde toca. Que existan informes de alerta no equivale, automáticamente, a probar que Rabat ordenó la avalancha ni a fijar responsabilidades penales individuales. Tampoco convierte cada filtración en sentencia. Lo que sí hace es reventar el relato blando de la imprevisión total.
Moncloa y Interior siguen anclados en otra línea: hubo señales, pero no de la escala real; y el informe policial que apunta a agentes marroquíes se basa en gran medida en fuentes abiertas e imágenes, no en una prueba judicial firme de autoría estatal. El director de la Policía, Francisco Pardo, ha sostenido además que ciertos trabajos periciales no se elevaron a la cúpula por orden judicial. Ese choque interno —Marlaska pidiendo explicaciones, Pardo blindando el circuito— es ahora parte de la crisis.
En el Congreso, la oposición ya no discute solo “gestión humanitaria”. Discute cadena de mando. Y eso es mucho más duro de apagar con un vídeo de empatía.