Hay rebajas de IRPF que se venden como alivio del bolsillo y hay facturas que llegan más tarde, con otro membrete: sanidad, escuela, dependencia. Un repaso de Fedea con liquidaciones de Hacienda pone número a esa tensión: entre 2015 y 2024, las comunidades dejaron de ingresar en conjunto más de 8.300 millones de euros en el tramo autonómico del IRPF por rebajas fiscales propias.
No es un eslogan de campaña. Es la diferencia entre lo que se recaudó de verdad y la llamada recaudación normativa: lo que habrían ingresado si no hubieran tocado el impuesto a la baja (o al alza). Más de la mitad de las autonomías salen en negativo. Y no solo las que presumirán de “paraíso fiscal”.
Madrid tira del ranking a la baja
Madrid concentra el golpe gordo. En el acumulado del periodo, la brecha negativa supera los 9.000 millones respecto a su recaudación normativa. Canarias y Castilla y León también aparecen cada año por debajo. Galicia y Murcia oscilan según el ejercicio, pero el saldo final también resta. En el otro extremo, Cataluña ha tirado más de la palanca al alza. Andalucía o Extremadura compensan en el conjunto con subidas lo que en otros momentos bajaron.
El mapa no es simétrico. Es una carrera en la que unos compiten por atraer rentas y bases imponibles y otros intentan sostener servicios con menos margen. El problema político es que el ciudadano medio no distingue con claridad qué paga a quién ni de dónde sale el médico o el instituto. Esa confusión, dice el catedrático e investigador de Fedea Diego Martínez López, la aprovechan las comunidades: la rebaja se nota ya; el recorte de servicio, si llega, se diluye y se echa la culpa a otro.
Cuando el “alivio” lo pagan los peores financiados
La ironía duele más en territorios maltratados por el modelo de financiación. Murcia, a menudo citada como la autonomía peor tratada por el sistema, también figura entre las que han recaudado menos de lo normativo por ejercer a la baja su tramo de IRPF. Bajar impuestos mientras se reclama más dinero a Madrid no es trampa contable: es política. Pero obliga a explicar de qué se prescinde.
No hay aquí un veredicto moral automático contra toda bonificación. Hay hogares a los que un tramo menos les cambia el mes. Hay también una lógica cortoplacista: el cheque fiscal es tangible; el deterioro de la escuela pública o de las listas de espera se discute después, cuando el ciclo electoral ya ha pasado. Y hay una Administración central que, como recuerda el propio análisis, también juega a mejoras visibles —pensiones revalorizadas— con tensiones de largo plazo en la Seguridad Social.
Lo que no se puede es fingir que es gratis
El debate fiscal español se ha vuelto un concurso de “quién baja más” sin contabilidad pública legible. Si una comunidad renuncia a miles de millones en IRPF, o bien tiene un crecimiento de bases que lo compensa, o bien alguien —pacientes, alumnado, dependientes— asume el agujero. Pretender que las dos cosas son simultáneamente verdad es el truco de feria de la política autonómica.
Los datos de Fedea no mandan a nadie a subir el tipo máximo mañana. Mandan algo más incómodo: autonomía fiscal sin relato de gasto es marketing. Y cuando más de 8.300 millones se evaporan del tramo autonómico en una década, la pregunta ya no es si “bajar impuestos es de centro”. Es quién paga la factura que no aparece en el eslogan.