IU enseña el Código Penal y el PP intenta no romperse con Vox por los menores de Ceuta

La crisis de los menores migrantes de Ceuta ha saltado del debate humanitario al terreno más áspero: el de la ley. El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha advertido en una entrevista con Europa Press de que los gobiernos autonómicos de PP y Vox podrían incurrir en prevaricación si se niegan a acoger a los menores cuyo traslado contempla la normativa vigente.

La frase es gruesa, y conviene dejarla donde está: es una acusación política y jurídica formulada por IU, no una condena ni un hecho probado por un tribunal. Pero marca el punto exacto en el que está el país: cuando la discusión sobre niños solos acaba convertida en una pelea sobre si una comunidad autónoma puede plantarse ante una obligación legal.

El PP dice que cumplirá la ley, pero Vox aprieta

Elías Bendodo, vicesecretario del PP, ha intentado ordenar el incendio desde Málaga. Según Europa Press, aseguró que los gobiernos autonómicos del partido “cumplirán la ley” en materia de menores migrantes y añadió que esa obligación está dentro de los pactos con Vox en comunidades donde gobiernan juntos. Es decir: el PP quiere aparecer firme contra Sánchez, pero no quiere quedar retratado como un partido dispuesto a saltarse una norma.

Vox, mientras tanto, juega a otra cosa. Su posición contra el reparto de menores empuja a los gobiernos donde tiene poder a una frontera muy peligrosa: convertir la desobediencia en gesto identitario. Ahí está la trampa. Una comunidad puede pedir recursos, denunciar improvisación y exigir criterios claros. Lo que no puede hacer alegremente es tratar a menores bajo tutela pública como si fueran un paquete político rechazable en ventanilla.

La izquierda acierta en el fondo, pero debe cuidar el tono

IU tiene razón al recordar algo elemental: si hay una obligación legal de acogida, no se decide a golpe de tertulia ni de amenaza electoral. El Estado de derecho no se suspende porque Vox necesite fabricar músculo. Pero también hay un riesgo en convertir cada declaración en un anticipo de delito. Llamar “delincuentes” a gobiernos antes de que exista resolución judicial puede dar titulares, pero no resuelve plazas, educadores, financiación ni coordinación.

El Gobierno, por su parte, tampoco puede esconderse detrás de la moral. Si quiere que las comunidades cumplan, debe poner dinero, calendario, datos y un mecanismo que no parezca improvisado a mitad de crisis. La solidaridad territorial sin recursos reales se convierte en propaganda. Y la propaganda, cuando hablamos de menores, suele acabar pagando la cuenta en los centros saturados.

Los menores no son el campo de batalla ideal para medir dureza

Lo más obsceno de esta discusión es que todos hablan de fortaleza. Vox quiere fortaleza frente al reparto. El PP quiere fortaleza frente al Gobierno. La izquierda quiere fortaleza legal frente a la derecha. Pero la pregunta que importa es mucho menos épica: quién se hace cargo mañana de un menor que duerme en la calle, quién paga al educador, quién habilita una plaza y quién responde si el sistema revienta.

La política española lleva días usando Ceuta como espejo de sus miserias. Ahora ese espejo añade otra grieta: si las comunidades autónomas pueden escoger qué leyes cumplen según el coste electoral. Bendodo intenta cerrar esa puerta diciendo que el PP cumplirá. Maíllo avisa de que no hacerlo puede tener consecuencias penales. Entre ambos queda lo único que no debería moverse por tacticismo: la protección de menores.