Oriol Junqueras ha vuelto a colocar la amnistía en el centro de la mesa, pero esta vez con un matiz incómodo para el Gobierno: ya no basta con haber pactado la ley. Ahora toca hacer que se cumpla. En una entrevista con EFE, el presidente de ERC pidió al Ejecutivo de Pedro Sánchez que haga “todo lo que esté a su alcance” para que la amnistía se aplique en su integridad.
La frase llega después del aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a la ley. Ese respaldo europeo no borra de golpe todos los obstáculos judiciales, pero cambia el clima. Para el independentismo, refuerza la idea de que el Parlamento legisló y que los tribunales no pueden vaciar la norma por la puerta de atrás. Para la derecha, en cambio, seguirá siendo la prueba de que Sánchez pagó su investidura con una cesión política enorme.
Junqueras, que continúa inhabilitado, no oculta su desconfianza sobre lo que pueda hacer ahora el Tribunal Supremo con los casos pendientes. “Puede pasar cualquier cosa”, dijo a EFE. Es una frase breve, pero resume años de choque entre independentismo, jueces, Gobierno y mayoría parlamentaria. La amnistía nació como solución política; su aplicación se ha convertido en una prueba de fuerza institucional.
El líder de ERC recordó que su partido pactó con el PSOE la reforma del Código Penal que eliminó el delito de sedición. A partir de ahí, denuncia una paradoja: que dirigentes del procés siguieran soportando penas ligadas a un delito que ya no existe. Es una afirmación política de parte, sí, pero conecta con el núcleo del conflicto: quién tiene la última palabra cuando el legislador cambia las reglas y los tribunales interpretan sus efectos.
Para Sánchez, el mensaje de Junqueras es un recordatorio de dependencia. ERC no es un espectador; fue pieza central para aprobar la amnistía y sigue siendo un actor necesario en la geometría parlamentaria. Cuando Junqueras pide al Gobierno que “reme” en la misma dirección, no está haciendo una reflexión académica. Está marcando una exigencia a un Ejecutivo que necesita socios y que no puede permitirse que la ley estrella de la reconciliación acabe en un laberinto interminable.
La derecha leerá todo esto desde el lado contrario: como una presión abierta de ERC sobre Moncloa y como una nueva muestra de que la legislatura se sostiene con cesiones al independentismo. Ese marco tiene recorrido electoral. Cada paso judicial, cada recurso y cada declaración de Junqueras alimentan la tesis de que Sánchez gobierna pendiente de quienes le dieron los votos.
Pero también hay una pregunta que la derecha suele esquivar: si una ley aprobada por el Congreso y avalada en Europa no se aplica de forma efectiva, ¿qué mensaje recibe el ciudadano sobre el poder real del Parlamento? La democracia representativa no funciona solo cuando aprueba normas simpáticas para todos. Funciona, sobre todo, cuando las normas incómodas se cumplen dentro de los cauces legales.
El asunto no está cerrado. Junqueras ha elevado el tono, el Supremo tendrá que mover ficha en los casos pendientes y el Gobierno deberá decidir cuánto se implica sin parecer que invade el terreno judicial. Ahí está la dificultad: defender la ley sin escribir autos desde Moncloa; respetar a los jueces sin resignarse a que una mayoría parlamentaria quede convertida en papel mojado.
La amnistía vuelve así a su lugar natural: el centro de la tensión territorial española. No como símbolo congelado, sino como mecanismo concreto que afecta a personas concretas, equilibrios parlamentarios concretos y decisiones judiciales concretas. Junqueras pide cumplimiento. Sánchez necesita estabilidad. El Supremo conserva margen. Y España, otra vez, mira cómo una palabra jurídica se convierte en termómetro político.