Junts convierte los menores de Ceuta en palanca: solidaridad sí, chantaje territorial no

Junts ha vuelto a colocar la legislatura en ese punto exacto donde una crisis humana se convierte también en aritmética parlamentaria. La portavoz del partido en el Congreso, Miriam Nogueras, avisó este martes de que no darán “ni un voto” si Cataluña no queda “fuera” del traslado de menores llegados a Ceuta, según informó Europa Press. El mensaje es corto, duro y políticamente muy rentable: antes que una solución común, primero el blindaje territorial propio.

El Gobierno llega a ese choque con la frontera todavía caliente. Interior ha incluido a Melilla en la instalación de barreras marítimas para las devoluciones de migrantes que crucen a nado, también según Europa Press. Y, en paralelo, los ministros europeos de Interior han abordado la crisis de Ceuta con apoyo a España, refuerzo de fronteras, retornos y sistemas de alerta temprana, según RTVE. Es decir: el asunto ya no cabe en una bronca doméstica ni en un titular de verano. Hay infancia, frontera, Marruecos, Unión Europea y comunidades autónomas en la misma mesa.

La tentación de Junts es evidente: presentar Cataluña como la administración que ya soporta demasiado y que no debe pagar otra factura decidida desde Madrid. Esa queja puede tener audiencia en una parte de su electorado. Pero hay una línea que conviene no cruzar. Los menores llegados a Ceuta no son una mercancía logística ni un paquete que cada territorio acepta o rechaza según convenga a su negociación presupuestaria. Son niños y adolescentes bajo protección, con obligaciones legales para las administraciones públicas.

Desde una lectura progresista, el problema no es discutir recursos. Al contrario: si una comunidad recibe menores, debe recibir financiación, plazas, equipos, mediadores y una planificación que no convierta los centros de protección en almacenes humanos. Lo que chirría es usar el “ni un voto” como si la protección de infancia fuera una moneda de cambio más. La política puede negociar casi todo; lo que no debería hacer es colocar a menores vulnerables como ficha de bloqueo.

También hay una responsabilidad incómoda para Moncloa. No basta con pedir solidaridad a las autonomías cuando la emergencia ya está encima. Si el Gobierno reclama reparto, debe explicar cuántos menores, con qué criterios, con qué financiación, durante cuánto tiempo y con qué garantías de seguimiento. La solidaridad sin datos se convierte en imposición. Y la imposición, en combustible para quienes quieren convertir cada acogida en una batalla identitaria.

La UE, según recogió El País, ha rebajado las críticas a España y ha mostrado solidaridad por la crisis de Ceuta. Ese respaldo europeo puede ayudar, pero no sustituye la política interior fina. Porque la frontera exterior de Europa está en Ceuta y Melilla, sí; pero los centros de menores, las aulas, los servicios sociales y los barrios donde se aterriza esa realidad están en territorios concretos. Ahí se prueba si la palabra “solidaridad” significa algo o si solo sirve para decorar comunicados.

Junts sabe apretar donde duele. El Gobierno sabe que necesita votos. Y Ceuta sabe que no puede gestionar sola una presión así. La pregunta es si España va a responder como Estado o como subasta autonómica. Si la respuesta es la segunda, el coste político lo pagarán los de siempre: los menores, las ciudades frontera y unos servicios públicos que ya llegan tarde incluso cuando nadie los usa como arma parlamentaria.