Junts ha vuelto a enseñar el interruptor de la legislatura: sus siete votos. La portavoz del partido en el Congreso, Míriam Nogueras, ha advertido de que no darán “ni un voto” al Gobierno si Cataluña entra en el reparto de menores migrantes llegados a Ceuta. La frase, recogida por RTVE, La Vanguardia y otros medios, no es una anécdota de agosto. Es una forma muy cruda de recordar quién cobra peajes cuando el Gobierno necesita respirar en el Parlamento.
El asunto de fondo es delicado: menores solos, una ciudad fronteriza tensionada y comunidades autónomas discutiendo quién asume qué parte de la respuesta. No hablamos de paquetes ni de expedientes: hablamos de chicos y chicas bajo tutela pública. Precisamente por eso el debate político debería tener un mínimo de decencia. Pero la política española tiene una habilidad especial para convertir a los vulnerables en moneda de negociación.
La aritmética también tiene consecuencias humanas
Junts defiende que Cataluña ya está suficientemente tensionada y que el reparto no puede hacerse cargando siempre sobre los mismos territorios. Ese argumento puede discutirse con datos de plazas, financiación, población y presión asistencial. Lo que no puede hacerse sin coste moral es formularlo como una amenaza parlamentaria directa: si Cataluña no queda fuera, el Gobierno se queda sin votos.
Ahí aparece el problema. Una cosa es exigir capacidad, recursos y planificación. Otra es usar la llave del Congreso para blindar una excepción territorial mientras Ceuta soporta la presión inmediata. El Gobierno de Sánchez ha elegido vivir de pactos imposibles, y esos pactos pasan factura: hoy es una votación, mañana una competencia, pasado un reparto de menores.
El Gobierno no puede fingir sorpresa
La Moncloa tampoco puede hacerse la víctima. Si una legislatura se sostiene con socios que compiten por demostrar quién arranca más, el resultado natural es este: cada crisis se convierte en una subasta. Y cuando la crisis afecta a menores migrantes, la subasta resulta especialmente fea. El Ejecutivo tiene la obligación de explicar con claridad cuántas plazas hacen falta, qué criterios se aplican, qué financiación habrá y qué margen legal tienen las comunidades.
La derecha aprovechará el aviso de Junts para denunciar la debilidad de Sánchez. Tiene material de sobra para hacerlo. Pero conviene no comprar todo el paquete: quienes ahora se indignan por el chantaje territorial suelen estar encantados de endurecer el discurso migratorio cuando les conviene. El problema no es solo Junts. El problema es un país que habla de menores como si fueran una carga que nadie quiere tocar.
Ni privilegios territoriales ni propaganda humanitaria vacía
La salida seria pasa por dos cosas a la vez: reparto justo y recursos reales. Si Cataluña, Euskadi, Andalucía o Madrid dicen que no pueden asumir más, que enseñen datos. Si el Gobierno dice que el reparto es inevitable, que ponga dinero, equipos y calendario. Lo que no vale es esconder el conflicto bajo palabras bonitas ni resolverlo con amenazas de bloqueo parlamentario.
Junts ha puesto sobre la mesa una verdad incómoda: la legislatura no solo depende de leyes, también depende de excepciones. Y cada excepción deja a alguien fuera. Esta vez, los que quedan en medio no son ministros ni portavoces. Son menores llegados a Ceuta que necesitan protección pública, no ser usados como ficha en otra partida del Congreso.