La justicia gratuita tiene un nombre engañoso. Gratis no significa sin coste. Significa que el coste no debe caer sobre quien no puede pagarlo. Y esa diferencia, que parece de manual, es justo lo que separa un Estado social de una carrera de obstáculos para pobres.
Este 12 de julio, Día de la Justicia Gratuita y del Turno de Oficio, la Abogacía Española ha vuelto a recordar la tarea de miles de profesionales que cubren servicios 24 horas al día, todos los días del año. En paralelo, el PP ha registrado una proposición no de ley para reformar la asistencia jurídica gratuita, actualizar baremos y garantizar indemnizaciones dignas.
Que lo diga el PP no hace falso el problema
En política española hay un reflejo bastante tonto: si una denuncia viene del adversario, se descarta antes de leerla. Aquí conviene hacer lo contrario. La derecha intenta colocar su marco contra el Gobierno, sí. Pero el fondo toca una fibra real: sin abogados de oficio bien pagados y sin colegios profesionales con recursos, el derecho de defensa se vuelve papel mojado.
Según la propuesta difundida por el PP y recogida por agencias, los baremos llevarían sin actualización efectiva desde 2003 y eso habría provocado una pérdida de poder adquisitivo próxima al 40%. El partido también habla de un descenso del 14,14% de letrados adscritos al turno de oficio en cinco años.
La igualdad ante la ley necesita nómina
La imagen romántica del abogado de guardia tiene un problema: romantiza la precariedad. Nadie debería sostener un derecho fundamental a base de vocación mal pagada. Ni un médico, ni una profesora, ni un letrado que atiende a una persona detenida a las tres de la mañana.
La justicia gratuita protege a víctimas, trabajadores, familias, migrantes, personas endeudadas y ciudadanos que se enfrentan a la Administración o a conflictos que no eligieron. Si el acceso se atasca, si los pagos se retrasan o si cada guardia se convierte en una ruleta económica, quien pierde no es solo la abogacía. Pierde la gente que más necesita que el sistema funcione.
Un derecho que depende de profesionales quemados acaba siendo un derecho más frágil para los ciudadanos más débiles.
El Gobierno no debería regalar esta bandera
La izquierda no puede permitirse mirar este asunto como una bronca corporativa. Defender servicios públicos también es defender las piezas menos vistosas del engranaje. El turno de oficio no da grandes inauguraciones, no corta cintas y no queda bonito en una maqueta. Pero es ahí donde se decide si la igualdad ante la ley existe fuera del PowerPoint.
Si el Ministerio de Justicia cree que los datos del PP son incompletos o interesados, tiene una salida sencilla: publicar su diagnóstico, sentarse con la abogacía y poner encima una actualización clara del sistema. Lo que no sirve es esconderse detrás de la palabra “reforma” como si nombrarla bastara.
Justicia social también es esto
Hay políticas que se entienden mejor sin ideología de pancarta. Una persona sin recursos necesita abogado. Un abogado necesita cobrar de forma justa y a tiempo. Un colegio profesional necesita trámites razonables. Y el Estado necesita dejar de pedir heroísmo cuando lo que toca es presupuesto.
La justicia gratuita no es caridad. Es infraestructura democrática. Y como toda infraestructura, se deteriora si se abandona. La diferencia es que aquí no se cae un puente: se cae la posibilidad de defenderse.